En el inicio del juicio, ordenaron una junta interdisciplinaria contra el empleado judicial acusado de cobros ilegales en el Registro Inmobiliario

El juicio contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial acusado de realizar cobros ilegales en el Registro Inmobiliario de San Juan, fue postergado este lunes luego de que el tribunal dispusiera la realización de una junta interdisciplinaria para evaluar su estado de salud.

Si bien la audiencia había comenzado, la decisión judicial frenó el avance del debate oral hasta contar con los resultados de esa evaluación, que será clave para definir cómo continúa el proceso.

Marinelli llegó a esta instancia acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que prevé penas de entre dos y seis años de prisión. La causa había sido elevada a juicio tras la audiencia de control de acusación encabezada por la jueza Gema Guerrero, luego de que la Fiscalía diera por finalizada la investigación penal preparatoria.

Durante esa etapa, la defensa del imputado había planteado la posibilidad de una inimputabilidad sobreviniente, al sostener que Marinelli se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, el fiscal Nicolía se opuso al planteo y remarcó que médicos del Poder Judicial ya lo habían evaluado previamente y lo consideraron apto para desempeñar sus funciones. Finalmente, la jueza desestimó ese pedido.

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Según la investigación, el acusado habría aprovechado su rol en el organismo para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, utilizado para obtener la nomenclatura catastral de un inmueble.

Estos trámites deben abonarse exclusivamente a través de sistemas electrónicos dentro del propio organismo, con costos que oscilan entre los 2.500 y 5.000 pesos, ya que la oficina no maneja dinero en efectivo.

La maniobra salió a la luz cuando una mujer regresó al Registro y aseguró haber pagado 5.000 pesos en efectivo. Otro empleado le indicó que ese procedimiento no era válido, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

A partir de allí, el organismo devolvió el dinero e inició una investigación interna que luego fue judicializada en la UFI de Delitos Especiales. En el marco de la pesquisa, durante un allanamiento en el lugar de trabajo de Marinelli, se encontraron trece Formularios Verdes descartados en un basurero, un elemento que reforzó las sospechas en su contra.

Ahora, el avance del juicio dependerá del resultado de la junta interdisciplinaria que se solicitó en el inicio del proceso judicial.