El Gobierno avanzó con una nueva Ley de Discapacidad: reempadronamiento obligatorio y fuerte recorte de beneficios

En medio de la crisis política generada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones por invalidez, el Gobierno envió al Senado un proyecto denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propuso cambios de fondo en el sistema y endureció los requisitos para acceder a estos beneficios.

La iniciativa planteó un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas. Según el texto, los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este proceso, se estableció la suspensión automática del beneficio.

El proyecto también incorporó un sistema de control más estricto mediante el cruce de datos entre distintos organismos del Estado, como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante inconsistencias, se habilitó la posibilidad de suspender la pensión de manera preventiva, aunque con derecho a defensa por parte del titular.

En cuanto a los montos, la propuesta fijó la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y eliminó adicionales que hasta ahora podían otorgarse, como los vinculados a invalidez laboral o a zonas desfavorables. A su vez, estableció que los haberes se actualizarían en función de la jubilación mínima.

Uno de los puntos más relevantes fue la incompatibilidad absoluta con el empleo formal. De avanzar la ley, las personas con discapacidad no podrán mantener la pensión si acceden a un trabajo registrado, lo que significó un endurecimiento de las condiciones actuales. Además, se eliminaron incentivos para empresas que promovían la inclusión laboral.

El texto también introdujo cambios en la organización del sistema, al habilitar convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la distribución de fondos y eliminar el nomenclador nacional de prestaciones, lo que implicó una desregulación en los valores que fijan obras sociales y prepagas.

Otro aspecto central fue la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según el análisis comparado, esto implicó un retroceso respecto a la normativa vigente, que en los últimos años había ampliado el universo de beneficiarios con criterios más inclusivos.

El Gobierno decidió enviar el proyecto por el Senado al considerar que allí cuenta con mayores posibilidades de conseguir apoyo. Sin embargo, se anticipó un escenario de debate marcado por tensiones políticas, especialmente con sectores que anteriormente habían acompañado la emergencia en discapacidad.