investigación
Previo a ser apartado, el juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención del sanjuanino Chiqui Tapia
El juez de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la casa madre del fútbol argentino, Pablo Toviggino, por el presunto delito de lavado de dinero. Esta medida se tomo previo a que fuera desapartado de la causa.
De acuerdo al documento que se pudo conocer, el magistrado mencionó que “El requerimiento bajo análisis no presenta un hecho penalmente delimitado, sino una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios, lo que resulta insuficiente para satisfacer el estándar de admisibilidad exigido en esta etapa del proceso”. En el mismo señala que el requerimiento no individualiza actos concretos de disposición patrimonial ni habría operaciones específicas que se identifique en el núcleo fáctico de la imputación.
“Esta ausencia de delimitación se proyecta igualmente sobre las conductas atribuidas a los distintos imputados”, indica y suma que “De este modo, el relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa".
Así, Argibay tomó la decisión antes de que la Cámara Federal de Tucumán votara su recusación. Pero el caso tomó un giro ya que el fiscal Simón lo había recusado al considerar que existía un vínculo que ponía en duda su imparcialidad. Esto se debe a que Pilar Argibay, hija del magistrado, vendió un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino. Por tal motivo, se declaró incompetente y envió la causa al Juzgado Federal de Campana.
Cabe mencionar que además de la detención de Tapia y Toviggino, el fiscal Pedro Simón solicitó la semana pasada allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. En sus palabras, dijo que ellos integran una organización criminal, con muchos recursos que podrían obstaculizar la causa.
El fundamento radica en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.