2026-04-24

Cambios centrales

Para mayor control, Baigorrí creó una oficina de evaluación permanente de la tarea de los fiscales

El área realizará un monitoreo interno de la actividad de las Unidades Fiscales. Tendrá acceso a todos los sistemas de gestión, realizará visitas periódicas y evaluará los índices estadísticos para, de ser necesario, “recomendar cambios”. La oficina fue creada dentro del flamante Manual de Política de Persecución Penal que se presentará el lunes.

El Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, creó una nueva área dentro de su estructura para tener mayor control y seguimiento de la tarea que realizan sus fiscales. Según figura en el flamante manual de Política de Persecución Penal que será presentado el lunes, el jefe de los fiscales creó la Oficina de Calidad Institucional, órgano que tendrá por objetivo un “monitoreo interno” de la actividad diaria de cada Unidad Fiscal, con acceso directo a “todos los sistemas de gestión”, acción que será complementada con “visitas periódicas” a las diferentes unidades. Además, evaluará los índices estadísticos y, de esa manera, detectará “logros y falencias” para recomendar, finalmente, cambios para “alentar las buenas prácticas y desalentar las que no lo son”. Si bien se trata de un cambio clave dentro del funcionamiento de la Fiscalía, no trascendió quiénes lo integrarán o quiénes estarán al frente de dicho organismo.

El Fiscal General y su equipo presentarán el lunes el manual de Política de Persecución Penal.

 

Desde que asumió como Fiscal General de la Corte, Baigorrí prometió cambios, entre los que se destacó la puesta en marcha de una comisión redactora para el desarrollo de un manual de Política de Persecución Penal, texto que ha quedado concluido y que será presentado oficialmente el lunes porque entrará en vigencia operativa desde el 1 de mayo. Se trata de un documento claro que tiene por objetivo marcar los pasos del Ministerio Público, tanto para fiscales, ayudantes fiscales y personal, sumada la Policía, con el objetivo de que no existan dudas a la hora de atender los distintos hechos delictivos que se suceden en la provincia. Si bien en la gestión de Eduardo Quattropani los fiscales y el resto del personal tenían en claro cómo abordar las causas y cómo atenderlas al momento de presentarlas ante un juez, las mismas no figuraron por escrito, ya que, en muchos casos, eran recibidas por órdenes directas del Fiscal General.

Fuentes calificadas indicaron que, en algunos casos, la falta de una política criminal del Ministerio Público plasmada en un manual derivaba en la posibilidad de que existieran planteos de los abogados, o defensores, de las personas imputadas, por ejemplo, a la hora de aplicar o no el beneficio de una suspensión de juicio a prueba, entre otros. Uno de esos casos fue lo que ocurrió durante la pandemia, donde el Ministerio Público se opuso a dar probation a aquellas personas que incumplían las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional. Tras varios episodios de Flagrancia, Quattropani emitió una resolución haciendo uso de su facultad para definir la política criminal del Ministerio Público y, así, los fiscales pudieron utilizar esa herramienta para presentarla ante el juez.

Ahora, Baigorrí desarrolló un manual completo de Política Criminal que comenzará a tener vigencia desde el 1 de mayo. Entre los puntos del documento se destacan una atención clara sobre las víctimas y un “primordial” tratamiento a los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo, casos de corrupción y delitos contra la administración pública. A su vez, también habrá atención sobre los casos contra la vida y la propiedad de las personas, la integridad sexual y los homicidios dolosos (con intención), entre otros.

En esa línea, el Fiscal General de la Corte promovió la creación de una oficina para tener un mayor control de sus fiscales y que estos cumplan con lo que indica el manual de Política de Persecución Penal. Esa tarea la tendrá la Oficina de Calidad Institucional, organismo que llevará un “monitoreo interno de la actividad” de cada una de las Unidades Fiscales. Además, evaluará “los índices estadísticos de las UFIs y de las distintas oficinas del Ministerio Público”, con comunicación directa al Fiscal General para la toma de decisiones.

Además, la Oficina de Calidad Institucional tendrá “acceso directo a todos los sistemas de gestión”, tarea que se complementará con la visita periódica a las diferentes UFIs. También habrá una “valoración” de la cantidad de causas tramitadas y de la calidad de los procesos llevados adelante por los fiscales. De esa manera, Baigorrí busca detectar “logros y falencias” con la “finalidad de recomendar propuestas de cambio que sean necesarias para alentar las buenas prácticas y desalentar las que no lo son”.

Hasta el momento se desconoce quiénes serán parte de ese equipo de control, ya que no trascendió, pero se espera que lo formalicen el lunes cuando se presente el manual de Política de Persecución Penal del Ministerio Público Fiscal.

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