La Justicia ordenó peritar la quinta de Pilar y los autos de lujo vinculados a Claudio Tapia

La Justicia federal avanzó con nuevas medidas en la investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal, Adrián González Charbay, ordenó una serie de peritajes contables y patrimoniales sobre bienes millonarios, entre ellos la quinta en Pilar, una colección de más de 50 autos de lujo y distintos movimientos financieros ligados a la entidad.

Uno de los puntos centrales de la causa es una propiedad de cinco hectáreas con helipuerto, caballerizas y vehículos de alta gama, que figura a nombre de la firma Real Central SRL. Según la investigación, el titular de esa empresa, Luciano Nicolás Pantano, sería presuntamente un testaferro de autoridades vinculadas a la AFA.

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La Justicia busca reconstruir el origen del dinero utilizado para adquirir esos bienes y determinar si hubo desvío de fondos provenientes de contratos comerciales de la asociación. Entre los vehículos bajo análisis aparecen modelos de lujo como Ferrari, Audi R8 y varios Porsche, además de motocicletas de alta cilindrada y autos clásicos.

El magistrado también ordenó revisar contratos internacionales firmados por la AFA, vuelos privados, consumos con tarjetas corporativas y movimientos económicos realizados desde 2019. Uno de los focos está puesto sobre una tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano pero vinculada a la entidad deportiva. Los peritos deberán analizar si esos gastos guardan relación con las actividades institucionales de la AFA o si existieron maniobras ajenas a los fines estatutarios de la organización.

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La causa también apunta a una supuesta red de intermediación financiera que habría operado entre 2021 y 2025. Según la fiscalía, fondos vinculados a contratos comerciales de la AFA habrían sido canalizados mediante empresas radicadas en el exterior, incluyendo sociedades en Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, muchas de ellas sin actividad comprobable.

Además, se investiga la posible utilización de firmas vinculadas al mundo ecuestre y a la compraventa de caballos como parte del circuito financiero bajo sospecha. Mientras tanto, la disputa sobre qué juzgado debe continuar con la investigación todavía sigue abierta y será definida por la Cámara Federal de Casación Penal.