Caso Branka Motors: se cayó el acuerdo de reparación integral y dictan cinco meses de prisión preventiva a los dueños

Los propietarios de Branka Motors, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, tuvieron esta jornada una audiencia judicial clave donde se definió por orden de la jueza, Carolina Parra, que irán al Penal de Chimbas los próximos cinco meses. Esto es debido a que incumplieron el acuerdo de reparación integral acordado con los 352 damnificados, el cual contemplaba que el pasado 25 de abril debían abonar la primera de las cinco cuotas a cada uno de los perjudicados.

Como esto finalmente no ocurrió, Fiscalía, encarnada en este caso por el letrado Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, solicitó la audiencia, enteniendo que, como resolvió la magistrada, el acuerdo se cayó. De esta manera, los tres dueños de la firma que funcionaba en Avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, salieron de la sala esposados. Cabe señalar que el total del perjuicio económico está valuado en $524 millones.

Durante la audiencia de este viernes, Fiscalía solicitó 10 meses de prisión preventiva y que se les rematarán a los dueños dos inmubeles y tres vehículos con que cuentan. Igualmente, esta solicitud fue rechazada por la jueza Parra.

En tanto, promediando la tarde, se vivió una situación peculiar cuando uno de los imputados afirmó que se había realizado en ese momento el pago de la primera cuota. Por eso, se dio espacio a un cuarto intermedio para chequear que fuera cierto, algo que luego de más de 20 minutos se descartó, generando aún más bronca en varios de los estafados, que esperaron en las afueras de Tribunales una resolución.

Cabe recordar que, el acuerdo contemplaba reintegrar el dinero en cinco cuotas distribuidas en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, la falta de pago generó preocupación y malestar entre los damnificados que habían aceptado la propuesta judicial para intentar recuperar parte de los fondos perdidos.

Desde la querella señalaron que, ante la falta de respuestas concretas, podrían solicitar que el acuerdo quede sin efecto y que se revisen las medidas que actualmente benefician a los imputados. Entre ellas, la libertad bajo ciertas condiciones mientras continúa la investigación. Además del incumplimiento, los denunciantes remarcaron el perjuicio económico que provoca la demora en un contexto inflacionario, teniendo en cuenta que el dinero acordado pierde valor con el paso de las semanas.

La causa, que investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a operaciones comerciales de Branka Motors, ya supera los 500 millones de pesos y se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de la provincia en materia de estafas.

La investigación está encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, quien viene trabajando sobre movimientos patrimoniales y financieros para determinar el destino del dinero denunciado por las víctimas. Ahora, el incumplimiento del acuerdo vuelve a poner el foco sobre la situación procesal de los acusados y abre un nuevo escenario judicial.