Cuáles son las propiedades de Adorni y de su esposa que investiga la Justicia

A casi dos meses del inicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia identificó seis propiedades vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. La investigación, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, se centra en las condiciones de adquisición, tasaciones, remodelaciones y la relación entre ingresos declarados y gastos.

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Los bienes detectados se distribuyen entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires:

• Avenida Asamblea 1132 (Parque Chacabuco), a nombre de la pareja.
• Miró 546/54 (Caballito), también registrado a nombre de ambos.
• Calle 48 N.º 558 (La Plata), donde figura Adorni como titular.
• Huaura 24 (Morón), propiedad de Angeletti.
• Bragado 4747/61/63/65 (Mataderos), departamento con cochera a nombre de su esposa.
• Lote 380 del Country Club Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), también registrado a nombre de Angeletti.

En el caso del departamento de Parque Chacabuco, declarado en 2024, cuenta con 115 m² y una hipoteca de 100 mil dólares con prestamistas privados, con un saldo pendiente de 70 mil dólares a cancelar en 2026.

Por otro lado, la compra del inmueble en Caballito presenta particularidades: fue adquirido por 230 mil dólares, con un anticipo de 30 mil y una deuda por el resto. Además, testigos señalaron la existencia de 65 mil dólares adicionales “de palabra” por refacciones.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la propiedad en el country Indio Cuá. Según declaraciones incorporadas a la causa, la remodelación habría costado alrededor de 245 mil dólares pagados en efectivo, incluyendo obras estructurales, revestimientos, equipamiento y mejoras de alto nivel.

La Justicia también confirmó que Adorni heredó un departamento en La Plata, actualmente ofrecido a 95 mil dólares, el cual fue declarado como donación en 2016.

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La causa incluye el análisis de movimientos bancarios, operaciones en dólares y pagos en efectivo, en base a información solicitada mediante más de 150 oficios a organismos públicos y privados.

Fuentes judiciales sostienen que “los papeles mandan” y remarcan que la situación patrimonial del funcionario se definirá con la presentación de su declaración jurada actualizada ante la Oficina Anticorrupción.