Dejaron en libertad a los dos empleados judiciales acusados de robar aires acondicionados y fijaron 8 meses de investigación

La Justicia formalizó este lunes la investigación contra Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo, los dos empleados judiciales acusados de sustraer cuatro equipos de aire acondicionado del obrador del Poder Judicial, en un hecho ocurrido el viernes 8 de mayo. Durante la audiencia, encabezada por el juez Matías Parrón, ambos recuperaron la libertad bajo medidas cautelares y se fijó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La causa es investigada por el fiscal Iván Grassi junto a la ayudante fiscal Victoria Martín. Además, la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante a través de los abogados Ricardo Lorenzo y José Fraifer.

Según expuso Fiscalía, el hecho salió a la luz luego de que una empleada de limpieza advirtiera movimientos extraños en el obrador judicial de calle General Acha. La mujer declaró que los acusados le pidieron las llaves para ingresar al sector y, tras revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que estaban retirando equipos de aire acondicionado en una camioneta oficial del Poder Judicial.

Las imágenes registraron a Gallardo y Albornoz cargando cuatro equipos en una Toyota Hilux oficial durante la madrugada del viernes. Posteriormente, los investigadores determinaron que los aparatos habían sido trasladados a la vivienda de Albornoz, quien realiza arreglos de aire acondicionado y trabajos de electricidad. En tanto, Gallardo y Jorge Cataldo cumplían funciones en el área de Patrimonio, mientras que Albornoz trabajaba en Servicios Generales.

Durante la audiencia también tomó relevancia la situación de Jorge Fernando Cataldo, el tercer sospechoso de la causa, quien permaneció prófugo hasta que se entregó este domingo. Tanto Gallardo como Albornoz apuntaron contra él y lo señalaron como quien habría ideado la maniobra. Según trascendió en la audiencia, Cataldo les habría indicado que, “si pasaba algo”, dijeran que los equipos habían sido retirados para repararlos.

Cataldo, Gallardo y Albornoz llevaban entre 10 y 15 años trabajando dentro del Poder Judicial y ninguno de los involucrados posee antecedentes penales.

El delito imputado provisoriamente corresponde al artículo 261 del Código Penal, que sanciona el peculado, figura que castiga a funcionarios públicos que sustraen bienes cuya custodia les fue confiada por su función.

Durante la audiencia, Fiscalía solicitó ocho meses de investigación y una serie de medidas cautelares para los acusados, entre ellas someterse al proceso investigativo, presentarse una vez al mes en una comisaría y mantener prohibición de acercamiento con empleados de las áreas de Patrimonio y Servicios Generales. Finalmente, el juez hizo lugar al pedido y resolvió otorgarles la libertad mientras continúa la investigación judicial para determinar el rol exacto de cada uno en la maniobra.