La Justicia Federal será la encargada de investigar a Global Market por el presunto desvío de $4.000 millones de ahorristas

Mediante una audiencia en Tribunales esta tarde, el juez de Garantías, Javier Figuerola, decidió que la causa por presunta estafa contra los dueños de Global Market, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, sea investigada por la Justicia Federal. El dictamen del magistrado se basó, de acuerdo a su visión, en que los hechos que serán materia de la Justicia para determinar el posible delito exceden el ámbito provincial.

Se trata de la confirmación de parte del juez, de lo pedido la semana pasada por parte del fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo. Cabe señarlar que, ambos dueños de la firma mencionada serán investigados por el presunto desvío de $4.000 de ahorritas a una minera propia y a una empresa familiar.

A su vez, el pedido de Alvo, aceptado por Figuerola, era que el caso está bajo la órbita de la Justicia Federal, dado que los fondos depositados se encuentran bajo la custodia y la regulación de normas federales. Además, Global Market Valores opera como agente de negociación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros puntos.

La mecánica no deja de llamar la atención porque la empresa actuaba, justamente, con la autorización del organismo nacional y no era la única, ya que también quedó en la mira Rosario Valores SA. Se trata de una compañía que intervino como Agente de Liquidación y Custodia, que tenía la misión de recibir y resguardar el dinero de los inversores y concertar y liquidar las operaciones por mandato de Global Market. El fiscal Alvo también consideró que sus responsables deben ser investigados.

De acuerdo a las pruebas que había reunido y expuesto el representante del Ministerio Público, Global Market había reunido una cartera de clientes con un perfil de inversor de tipo conservador, o sea, que su dinero se pusiera en instrumentos financieros de bajo riesgo, similares a un plazo fijo.

Carlos Rivadero, uno de los abogados defensores de Cañadas y Ahumada, señaló en 0264 Noticias que "esta defensa se va a presentar espontáneamente ante el fuero federal con todas las probanzas que acreditan la generidad, el hecho que se le está imputando a nuestros asistidos". Además, sumó: "Eso lo vamos a realizar apenas esté el expediente en la Fiscalía Federal".  Del mismo modo, apuntó a que van a defender la libertad ambulatoria expedida por el juez Figuerola.

Esa calificación no es menor, ya que Alvo indicó que las normas de la CNV obligan legalmente al agente de negociación (Global Market) a respetar ese perfil conservador de sus clientes y a no realizar operaciones que lo excedan, sin autorización expresa del ahorrista. Otra exigencia es que debe evitar toda práctica que pueda “inducir a engaño” al inversor. Sin embargo, según el fiscal, tanto Ahumada como Cañadas no destinaron el dinero de los clientes a instrumentos (títulos y valores) autorizados, seguros y concertados, sino a GMI Inversiones SA. Se trata de una firma de los propios sospechosos, dedicada a la minería, por fuera del control de la CNV, cuya actividad estaba paralizada desde fines de 2014 y que no cuenta con activos productivos ni ingresos.

Ahí, se utilizó un mecanismo bursátil llamado Pase No Garantizado (PNG). La minera GMI le vendía a un cliente, que ya había hecho el depósito, un título o una acción de baja liquidez, es decir, que no se vende ni compra en el mercado, con la promesa de volver a comprársela en siete días, por ejemplo. Pasado ese plazo, GMI no recompraba el título, sino que se lo renovaba al cliente. Según Alvo, los implicados utilizaban un “ardid”, un engaño. Invocaban una “falsa auditoría” de la CNV que “supuestamente requería contestar un mail autorizando renovar o consolidar las inversiones existentes”. En ese marco, se usaba “terminología técnica bursátil de difícil comprensión” para ahorristas no especializados.

De esa manera, la plata de los clientes no iba a parar al mercado, sino a una empresa de los propios sospechosos. Entonces, cuando uno de los inversores más grandes con 2.000 millones de pesos, la constructora Armegón, pidió en marzo el rescate total de su dinero, GMI no respondió con los fondos. Es el resultado de la mecánica de Pases No Garantizados. GMI, o Global Market, que es lo mismo, se quedó con la plata, mientras que Armegón tuvo en sus manos un título de baja liquidez, que no vale nada y que no pudo comercializar en el mercado. En un Pase Garantizado, si el vendedor no recompra la acción en el plazo establecido porque no tiene dinero, alguna de las entidades intervinientes usa su garantía y se lo devuelve al inversor. En el No Garantizado, no hay nadie que responda ante un incumplimiento, el ahorrista debe confiar en la palabra del vendedor del título y que cumpla. Por eso, el alto riesgo.

Las operaciones de Pase No Garantizado se realizaron por intermedio Rosario Valores SA, que operó en el Mercado Argentino de Valores (MAV), una plataforma bursátil regulada por leyes nacionales y controladas por la CNV. Alvo destacó que la firma rosarina debe ser investigada, debido a que, como agente de recepción y custodia de los fondos de los inversores, permitió que el dinero fluyera a GMI, cuando no era una transacción legítima; no controló el desarrollo de los Pases No Garantizados, que iban en contra del perfil conservador de los ahorristas.