RECORTE
El Gobierno quitó subsidios a micros de larga distancia y las empresas deberán cubrir los pasajes gratis a discapacitados
El Gobierno Nacional eliminó los subsidios que recibían las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía.
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La normativa, firmada por el secretario de Transporte Mariano Ignacio Plencovich, estableció el fin de las compensaciones económicas que el Estado abonaba a las compañías por cada boleto gratuito emitido. Sin embargo, aclaró que el derecho de los beneficiarios a viajar sin costo continuará vigente y deberá seguir siendo garantizado por las empresas.
Desde el Ejecutivo explicaron que la medida se tomó en el marco de la desregulación del sistema de transporte de larga distancia impulsada por el Decreto 883/2024. A partir de ese cambio, las compañías obtuvieron libertad para definir tarifas, recorridos y horarios, dejando atrás el esquema anterior en el que el Estado fijaba precios máximos.
Según argumentó el Gobierno, bajo este nuevo sistema de “libertad tarifaria”, las empresas ya pueden incorporar el costo de los pasajes gratuitos dentro de su propia estructura comercial, sin necesidad de recibir subsidios estatales.
La resolución alcanzó a los beneficios contemplados en tres leyes nacionales: la Ley 22.431 para personas con discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas o en lista de espera del SINTRA y la Ley 27.674 destinada a niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Uno de los puntos centrales de la normativa quedó establecido en el artículo 2°, donde se aclaró expresamente que la eliminación de las compensaciones económicas no modifica ni elimina el derecho de los usuarios a obtener pasajes gratuitos.
Además, el Gobierno encomendó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuar con los controles para garantizar el cumplimiento de la medida y sancionar a las empresas que se nieguen a entregar los boletos correspondientes.
De esta manera, el Estado dejará de destinar fondos públicos para cubrir esos pasajes, mientras que las empresas deberán absorber el costo dentro de su funcionamiento comercial.