"Los pasajes para discapacitados ya los pagamos los empresarios, Milei nunca depositó ese dinero", la respuesta de una firma sanjuanina tras el anuncio de que Nación no enviará más fondos

Luego de que el Gobierno Nacional oficializara la eliminación de los subsidios para las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados por ley, desde la firma San Juan-Mar del Plata aseguraron que ese dinero ya no era enviado por Nación desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. “Los pasajes para discapacitados ya los pagamos los empresarios, Milei nunca depositó ese dinero”, afirmó Francisco Milla, propietario de la empresa en diálogo con 0264Noticias.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, firmada por el secretario Mariano Ignacio Plencovich y publicada este 26 de mayo. La normativa eliminó las compensaciones económicas que el Estado entregaba a las empresas por los boletos gratuitos emitidos a personas alcanzadas por distintas leyes nacionales.

Sin embargo, el derecho a viajar gratis se mantiene vigente y las empresas continúan obligadas a entregar esos pasajes. La resolución aclaró expresamente que las compañías deberán seguir garantizando el beneficio.

“Desde que asumió este gobierno no lo pagó más, no lo pagó nunca más”, sostuvo Milla sobre las compensaciones que anteriormente recibían las empresas. Según explicó, durante el gobierno anterior existían resoluciones que establecían pagos parciales por cada pasaje gratuito emitido, aunque aclaró que “no pagaban el valor completo del boleto”.

El empresario remarcó que la nueva resolución solamente “formalizó” una situación que, según dijo, ya venía ocurriendo en la práctica desde hace más de dos años. “Lo que ha dado de baja ahora son los decretos que obligaban al gobierno a pagar, pero en realidad el gobierno no lo estaba pagando”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el costo de los boletos gratuitos comenzó a ser absorbido íntegramente por las empresas privadas. “El costo esto lo ha venido asumiendo la empresa, siempre”, afirmó.

Milla también cuestionó el argumento oficial respecto al nuevo esquema de libertad tarifaria impulsado por Nación. Según explicó, desde el Gobierno les indicaron que el costo de los pasajes gratuitos debía distribuirse entre el resto de los pasajeros. “Te dicen que repartamos el valor del costo de los discapacitados en el precio de los demás pasajeros”, comentó.

No obstante, aseguró que la situación económica y la baja demanda dificultan trasladar ese costo a los usuarios. “Los pasajes están más baratos ahora que antes. Mal podemos repartir el costo de los discapacitados entre los demás pasajeros”, señaló.

El empresario indicó además que cada colectivo de larga distancia tiene cuatro lugares reservados para personas con discapacidad y aseguró que esos asientos “siempre están ocupados”. “Hay veces que viaja mucha menos gente y siguen siendo cuatro los discapacitados”, detalló.

La resolución nacional mantuvo vigente el beneficio contemplado en distintas leyes. Entre ellas, la Ley 22.431 para personas con discapacidad; la Ley 26.928 para personas trasplantadas o incluidas en lista de espera del SINTRA; y la Ley 27.674 para niños, niñas y adolescentes con cáncer. Todas garantizan el acceso gratuito al transporte terrestre de larga distancia.

Además, la normativa nacional dejó en manos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) el control para que las empresas continúen entregando los pasajes y cumplan con la legislación vigente.

Por último, Milla reveló que algunas cámaras empresarias iniciaron acciones judiciales contra el Estado para reclamar los pagos adeudados por esos boletos gratuitos. “Hay empresas o cámaras que le iniciaron demanda al Estado por el pago de los discapacitados”, indicó.

En tanto, la Celadi (Cámara Empresaria de Larga Distancia) emitió un comunicado marcando su postura, donde afirmó que "desde hace décadas, las empresas de micros de larga distancia entregan pasajes gratuitos a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. Esa práctica estuvo históricamente enmarcada en un esquema en el que el Estado reconocía a las empresas de transporte regular una compensación económica 'parcial' al ser consideradas prestadoras de 'servicio público' cargando estas con obligaciones que el resto de compañías no".

Mientras que, reveló que "ante esta situación, el 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado Nacional, aprobó una primera liquidación de la deuda de $8.753.962.143 por el período noviembre 2024 - abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días bajo apercibimiento de multas judiciales. Esa cifra, sin embargo, es solo una parte de lo adeudado: el total acumulado desde que el Estado dejó de pagar supera los $27.000 millones de pesos. Los períodos posteriores a abril de 2025 están siendo relevados en la misma causa."