Tras casi tres años de conflicto, el Gobierno nacional y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la “batalla cultural” libertaria. Y tuvo múltiples capítulos: acusaciones de “curros” en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento, cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.

Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo busca cerrar —al menos de forma parcial— uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria.

Y representa, además, una mejora significativa respecto de la “ley alternativa” que la administración libertaria intentó impulsar sin éxito en el Congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026.

Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, ambas partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas. Por parte del Gobierno las negociaciones las llevó Álvarez y en representación de las casas de estudios participaron el presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) y Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro).

El acuerdo no se limita exclusivamente a la recomposición de los salarios docentes y no docentes. A esto se agregarían $50.000 millones para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026, que se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud, cuya distribución venían reclamando.

A la vez, se contempla un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, que se mantienen congeladas en $81.685 desde 2024. No está contemplado un aumento para las becas Progresar, que cubren un espectro más amplio —educación secundaria y todos los niveles superiores— y por las que reclamaban.

Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno pedía que el CIN levantara la demanda judicial y los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.

El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.

El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado.

Incluso pidió que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de intervenir en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia, el mismo argumento que había planteado sobre los jueces anteriores.

El camino de la ley también fue extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.

Distintas voces del Gobierno insistieron en que era inaplicable. Argumentaron, como con la Ley de Discapacidad, que no la implementaría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Luego sumaron que, al no estar especificadas, violaba la Ley de Administración Financiera. La deuda fue creciendo y circularon distintos montos sobre el desembolso que implicaría cumplir con la norma. Al presentar el recurso federal, detallaron que cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades, según un informe del Ministerio de Economía.

Eso implicaría, según el Ejecutivo, “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado” desde la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la interrupción en la provisión de alimentos en las cárceles federales o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia y ambas cámaras legislativas.

En paralelo, se repetían las clases públicas, las tomas de colegios y los paros, junto con los reclamos de los directores de hospitales por más fondos y la alerta de los rectores por un “éxodo de docentes” que, ante sueldos en niveles mínimos de los últimos 23 años y una caída real del 33% de sus ingresos, optaron por migrar al sector privado o al exterior, donde podían llegar a cuadruplicar sus salarios.

Según datos del CIN, ya renunciaron 10.000 docentes. La Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró sus propios cálculos: 103 docentes en Veterinaria, más de 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas. A ellos se suman los de los colegios preuniversitarios, sujetos al mismo régimen paritario: 134 en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 93 en el Carlos Pellegrini.