Caso Acueducto Gran Tulum: la jueza avaló la prórroga de 90 días pedida por los fiscales para seguir con la investigación

Luego del cuarto intermedio que se decidió ayer por parte de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, esta siesta se desarrolló una audiencia clave en la causa del Acueducto Gran Tulum. En ese contexto, fuentes del caso informaron a 0264 Noticias que, finalmente la magistrada avaló la solicitud realizada por Fiscalía, que en este caso se encuentra encarnada en Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de prorrogar por 90 días hábiles el periodo de investigación, con el fin de recaudar más información.

En ese sentido, se conoció de las mismas fuentes que, además de Gómez, estuvo presente en la audiencia por parte de Fiscalía de Estado, el abogado José Aníbal Fraifer.

Cabe señalar que este martes, la jueza decidió pasar a un cuarto intermeido esa audiencia para notificar al abogado Nasser Uzair, defensor de los expresidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, durante la gestión como gobernador de Sergio Uñac, por entender que a futuro ambos podrían quedar investigados en la causa.

A su vez, luego de la prórroga por estos 90 días hábiles, la cual no puede ser impugnada, los fiscales deben sí o sí llevar adelante la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), en la que le imputan y le informan al sospechoso el o los delitos por lo que encuentra bajo la lupa judicial. Por el contrario, si no hay pruebas incriminantes, la denuncia se debe desestimar o archivar.

Haciendo un repaso del caso, el abogado, Marcelo Arancibia, realizó la denuncia el 9 de diciembre del año pasado “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”. Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac. En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.

El contenido de la denuncia de Arancibia se basó en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento. De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en un batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

La causa recayó en la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales, cuyo personal se ha tomado el plazo de 90 días hábiles para llevar adelante una investigación. Finalizado ese período, los fiscales cuentan con una prórroga de otros 90 días más para definir si van a la audiencia de la formalización de la Investigación Penal Preparatoria para imputar a sospechosos o, por el contrario, archivar la causa.