La Justicia analiza el patrimonio de Adorni tras la declaración de ingresos no registrados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente haber tenido fondos no declarados por alrededor de 500.000 dólares, que según su versión provendrían de ahorros previos a su ingreso al Estado. La explicación se da en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información del expediente, la situación patrimonial del funcionario es analizada en los tribunales de Comodoro Py, donde se investiga si los ingresos declarados alcanzan para justificar los gastos y movimientos financieros detectados desde su llegada a la función pública.

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En la causa interviene el fiscal Gerardo Pollicita, quien evalúa requerimientos para que el funcionario justifique su evolución patrimonial. También participa el juez Ariel Lijo.

El eje del análisis judicial incluye la posible aplicación del artículo 268 (3) del Código Penal, que prevé sanciones para funcionarios que omitan o falseen datos en sus declaraciones juradas patrimoniales. La figura contempla penas de prisión e inhabilitación en caso de comprobarse una omisión maliciosa.

Según la defensa del funcionario, la falta de declaración de esos fondos no habría sido intencional. Adorni sostuvo que se trataba de ahorros personales y que la decisión de no declararlos inicialmente estuvo vinculada a una estrategia de informalidad previa a su ingreso a la función pública.

En la investigación también se analiza el incremento de gastos e inversiones detectadas en los últimos años, así como deudas registradas en el mismo período. Los investigadores buscan determinar si esos movimientos se condicen con los ingresos declarados oficialmente.

Fuentes judiciales señalan que, por el momento, el expediente se concentra en la posible evolución patrimonial irregular, aunque no se descartan otras líneas de investigación en función de la documentación que se incorpore a la causa.

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En paralelo, el caso se da en un contexto en el que autoridades argentinas participan de instancias internacionales vinculadas al control de lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde también se analizan marcos normativos vinculados a la transparencia financiera.