Denuncias cruzadas, acusaciones de hostigamiento y renuncia: la profunda crisis que sacude al Colegio de Psicólogos

El Colegio de Psicólogos de San Juan atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años. En medio de denuncias cruzadas entre las autoridades y los Revisores de Cuentas, la comisión directiva presentó su renuncia y continuará en funciones hasta el próximo 30 de junio.

“Debido a situaciones de presión, hostigamiento y violencia psicológica tomamos la determinación de presentar nuestra renuncia. Nos entristece no poder cumplir con el mandato pero entendemos que no es posible hacerlo en este contexto. No solo hemos sido víctimas de calumnias e injurias sino también de acciones de coerción que serán tratados en los ámbitos correspondientes”, manifestó en un audio la, hasta ahora presidenta, Melisa Rodríguez Gómez.

La controversia se hizo pública luego de que las revisoras de cuentas emitieran un informe en el que rechazaron la aprobación de la gestión y de los estados contables correspondientes al ejercicio 2025-2026. Muchos matriculados tomaron conocimiento de la situación durante una asamblea y el conflicto fue escalando. 

Según pudo saber este medio tras la consulta a varias fuentes, entre otras observaciones, las revisoras de cuentas cuestionaron un presunto faltante de $1,6 millones detectado al inicio de la gestión, la existencia de pagos sin factura, una inversión de $20 millones en un fondo común de inversión que consideran no autorizada por la Asamblea, la suspensión de aportes a la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y diversas decisiones administrativas que, a su entender, vulneraron el estatuto institucional.

Las revisoras también denunciaron haber sufrido obstáculos para ejercer su tarea de control, señalando restricciones para acceder a documentación, el envío de cartas documento y actuaciones disciplinarias impulsadas por la conducción del Colegio.

La respuesta de la Junta Directiva no tardó en llegar. A través de un extenso documento, rechazó todas las acusaciones y sostuvo que el informe contiene "interpretaciones subjetivas" y una visión "sesgada" de los hechos.

Respecto del faltante de $1,6 millones, la conducción afirmó que actuó correctamente al realizar una denuncia para esclarecer la situación detectada al asumir y remarcó que la desestimación judicial de esa presentación no implica que la preocupación inicial haya sido infundada. En este punto, la Junta Directiva no contestó por nota sino que convocó al Tribunal de Disciplina y envió cartas notariales a los domicilios particulares de las revisoras y son estas últimas las que afirman que se inició una “cadena de hostigamiento” hacia ellas.   

En cuanto a los pagos sin factura, los directivos argumentaron que las decisiones fueron adoptadas para reducir costos y preservar recursos de la institución. 

A medida que el conflicto escaló, la relación entre ambos sectores se deterioró profundamente. Mientras las revisoras denunciaron hostigamiento e intentos de limitar sus funciones de control, desde la Junta Directiva afirmaron haber sido objeto de acusaciones infundadas que afectaron la imagen institucional y la reputación personal de sus integrantes.

En ese contexto, la crisis desembocó en la renuncia de la comisión directiva. Según manifestaron sus integrantes, la decisión fue tomada tras un prolongado escenario de confrontación interna, al que atribuyen situaciones de desgaste, hostigamiento y violencia psicológica.

La Asamblea deberá ahora analizar las denuncias formuladas por las revisoras, las explicaciones brindadas por la Junta Directiva y definir los pasos institucionales a seguir para garantizar la continuidad del Colegio una vez que la conducción deje definitivamente sus funciones el próximo 30 de junio.