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En menos de tres meses: los dos casos de adolescentes embarazadas tras ser abusadas por hombres mayores que conmovieron a San Juan
En apenas tres meses, San Juan registró dos casos de menores embarazadas que derivaron en investigaciones judiciales por presuntos delitos contra la integridad sexual. Aunque se trata de expedientes diferentes y sin vínculo entre sí, ambos pusieron nuevamente el foco en la vulnerabilidad de niñas y adolescentes y en la intervención de los organismos judiciales y de protección.
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El primero de los casos trascendió a fines de marzo. La Justicia comenzó a investigar un presunto abuso sexual luego de que una niña de 12 años ingresara al sistema de salud cursando un embarazo.
La denuncia había sido presentada el 21 de marzo y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones ANIVI. Desde el inicio de la causa se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y la investigación avanzó bajo estricta reserva para preservar a la víctima.
Según se pudo constatar, quien abusó de la niña habría sido la pareja de su madre. El mismo vivía bajo el mismo techo que la niña y sus hermanos y era el encargado de cuidarlos cuando su pareja no estaba. En el marco de esa causa, la niña accedió a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento contemplado por la legislación vigente para embarazos producto de una violación.
Tres meses después, el 26 de junio, un nuevo caso volvió a generar conmoción en la provincia. La Justicia comenzó a investigar a un hombre de 49 años acusado de haber mantenido una relación con una adolescente desde sus 13 años(actualmente tiene 16 años) con quien tuvo un hijo.
De acuerdo con la investigación, el vínculo habría comenzado cuando la joven tenía 13 años y posteriormente pasó a convivir con el hombre en una vivienda de Caucete. El caso salió a la luz tras el nacimiento del bebé y fue denunciado por una funcionaria municipal, lo que motivó la intervención de la UFI ANIVI.
La causa se investiga provisoriamente como presunto abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. Si bien el acusado permanece en libertad, la Justicia ordenó su exclusión del hogar y le impuso una prohibición de acercamiento, mientras que la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia asumió la protección de la adolescente y de su hijo.