Expropiaciones: un juez penal y uno civil aceptaron integrar el Tribunal y se viene otra catarata de inhibiciones

A tres días de cumplirse un año de la sentencia por la megacausa de expropiaciones, aún está lejos la conformación de la Sala de la Corte de Justicia que deberá resolver las apelaciones de los nueve condenados.

Tras las inhibiciones de Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez, un Tribunal debe definir si acepta o no esas excusaciones. Ese cuerpo todavía está en proceso de integración.

Ya aceptaron intervenir el camarista penal Renato Roca y el camarista civil Esteban De la Torre. Sin embargo, falta designar un tercer integrante y se anticipa una nueva serie de excusaciones.

Según fuentes judiciales, ya se apartaron los camaristas penales Eduardo Raed y Ana Lía Larrea. De acuerdo con el sorteo, el listado de posibles integrantes también incluye a los camaristas civiles Elena De la Torre, María Eugenia Varas, Sergio Saffe, Roberto Pagés, Ernesto Escobar, Carlos Fernández Collado, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Juan Carlos Noguera Ramos.

También forman parte de la nómina los camaristas laborales Guillermo Rahmé Quattropani y Lucía Daroni, además del juez de la Cámara de Paz, Fernando Vargas.

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Las inhibiciones se producirían por vínculos de amistad con algunos de los condenados o investigados, o porque varios magistrados ya tuvieron participación en distintas etapas del proceso, una causa que lleva 16 años de trámite.

Incluso, las fuentes explicaron que, si todos esos jueces también se excusan, será necesario recurrir a magistrados de primera instancia.

Vale recordar que el Tribunal que ahora se está conformando no resolverá aún las apelaciones, sino que deberá decidir si convalida o rechaza las inhibiciones de Muñoz Carpino e Ibáñez.

Si las acepta, es muy probable que Renato Roca, Esteban De la Torre y el tercer juez que se designe integren la Sala de la Corte que analizará los recursos de casación presentados por las defensas para intentar revertir las condenas.

Si, en cambio, rechazan las inhibiciones, Muñoz Carpino e Ibáñez deberán seguir integrando la Sala, a la que solo le restaría sumar un integrante más.

Un dato más: todo indica que, una vez confirmado el Tribunal que deberá revisar las inhibiciones, los defensores insistirán con el tratamiento de los recursos de casación, aunque el proceso aún depende de que quede definitivamente conformada la Sala.

El 4 de julio de 2025, la jueza Silvina Rosso de Balanza, junto a sus colegas Matías Parrón y Martín Heredia, condenó al abogado Santiago Graffigna como organizador de una asociación ilícita que, según la acusación y el fallo, se dedicó a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con sumas millonarias de dinero público.

En esa sentencia, Graffigna recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión; su exsocio Horacio Alday, 6 años; el exjuez civil Carlos Macchi, 6 años y 2 meses; y el exfiscal de Estado Mario Díaz, 6 años. También fueron condenados el exfuncionario Néstor Ruiz, a 4 años y 6 meses; la perito Ana María Melvin, a 4 años; los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, a 3 años y 3 años y medio, respectivamente; y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno, a 3 años.

El 20 de agosto de 2025, las defensas presentaron recursos de casación ante la Corte de Justicia, dando inicio a una nueva etapa del proceso.

En la máxima instancia volvió a repetirse un escenario de inhibiciones que ya había ocurrido durante la investigación y también al momento de conformar el tribunal de juicio.

Guillermo De Sanctis se excusó porque, como fiscal de Estado, había actuado como querellante e impulsado la investigación contra los imputados. Incluso intervino como acusador en el proceso de destitución del entonces juez civil Carlos Macchi.

Por su parte, Adriana García Nieto también se inhibió debido a que, durante la gestión giojista, firmó expedientes y resoluciones vinculadas con los sumarios administrativos que derivaron en la denuncia presentada en 2010.

A su vez, Marcelo Lima decidió apartarse porque el autor de la denuncia fue su hermano, Walter Lima, ya fallecido.

Daniel Olivares Yapur también se inhibió por la amistad de su familia con la exjueza civil Rosalba Marún, quien había sido investigada y procesada en la causa antes de fallecer en 2021.

Por su parte, Juan José Victoria expuso razones de amistad con Santiago Graffigna, con quien compartió tareas profesionales cuando ambos ejercían la actividad privada.

Como consecuencia, ningún ministro de la Corte quedó en condiciones de intervenir, por lo que fue necesario realizar un sorteo para integrar la Sala que deberá confirmar o revocar, total o parcialmente, la sentencia.

El primer sorteo designó a Guillermo Baigorrí, Mariano Ibáñez y Víctor Muñoz Carpino. Sin embargo, Baigorrí se inhibió y luego fue designado fiscal General de la Corte, por lo que quedó definitivamente fuera del expediente. Por su parte, Muñoz Carpino se excusó por haber intervenido anteriormente en actuaciones vinculadas con la causa.

En cuanto a Mariano Ibáñez, fundamentó su inhibición en una relación de amistad con el camarista Roberto Pagés, cuya actuación fue ordenada investigar por el tribunal que dictó la sentencia.

Por ese motivo se realizó un nuevo sorteo. En esa oportunidad aparecieron los nombres de Eduardo Raed, Ana Lía Larrea y Renato Roca, aunque solo Roca aceptó integrar el Tribunal.

Según las fuentes, Raed alegó una relación de amistad con Graffigna, mientras que Larrea se apartó porque integra la Sala de Superintendencia que ya intervino en distintos aspectos de la megacausa.

Por la misma razón también se excusaron los camaristas civiles Sergio Saffe y Juan Carlos Pérez, quienes forman parte de esa Sala.

Todo indica que Roberto Pagés también se inhibirá, ya que cuando era juez del Cuarto Civil intervino en al menos una de las causas de expropiaciones que hoy están bajo investigación y, además, el tribunal ordenó analizar su actuación.

Después aparece el nombre de María Eugenia Varas, aunque las fuentes señalan que también se apartará, debido a que fue abogada de Fiscalía de Estado durante la gestión de De Sanctis y participó activamente en la investigación del caso.

En cuanto a Carlos Fernández Collado, deberá definir si se inhibe, ya que fue secretario del Jury de Enjuiciamiento que culminó con la destitución del exjuez Carlos Macchi.

El otro magistrado que aceptó intervenir fue Esteban De la Torre, quien asumió como camarista Civil el pasado 7 de mayo, luego de desempeñarse como juez de Familia.

Ahora solo resta conocer quién será el tercer integrante del Tribunal, una decisión clave para avanzar con la conformación de la Sala que deberá analizar las apelaciones presentadas por los condenados en la megacausa de expropiaciones.