Acusan a dos arquitectos y a un empresario de no devolver un préstamo de US$240.000

Dos arquitectos sanjuaninos y un empresario inmobiliario fueron imputados en una investigación por una presunta estafa de 240.000 dólares, suma que actualmente equivale a más de 360 millones de pesos. La denuncia fue impulsada por dos abogados que aseguran haber entregado ese dinero como préstamo para financiar un emprendimiento inmobiliario y que nunca lograron recuperarlo.

Los imputados son Esteban Fernández De Cieza, María José Garcés Correa y Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, atribuyó a los dos hombres el rol de presuntos coautores del delito de estafa, mientras que la arquitecta fue imputada como partícipe secundaria.

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De acuerdo con la investigación, el préstamo fue solicitado hacia fines de 2023 con el compromiso de destinar los fondos a la finalización de un complejo habitacional ubicado en Rawson. Como respaldo de la operación se ofrecieron unidades del emprendimiento y varios vehículos, garantías que debían ejecutarse si el dinero no era restituido.

Sin embargo, cuando los acreedores intentaron hacer valer esas garantías, advirtieron que los bienes comprometidos ya no estaban disponibles. Según la hipótesis fiscal, varias de las propiedades habían sido comercializadas con anterioridad y algunos vehículos también habían sido transferidos antes de la firma del acuerdo, por lo que no existían bienes suficientes para responder por la deuda.

Ante esa situación, los denunciantes presentaron la causa en octubre de 2025 al considerar que el incumplimiento había sido planificado desde el inicio y que el préstamo nunca tuvo intención de ser devuelto.

Durante este año las partes intentaron cerrar el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial. El empresario se comprometía a cancelar una parte de la deuda en cinco cuotas de 20.000 dólares, mientras que el matrimonio de arquitectos asumiría el resto del pago. No obstante, ese entendimiento no prosperó porque, según la investigación, solo se abonó una cuota por parte de los arquitectos y el empresario ni siquiera completó el primer desembolso.

Fracasada esa instancia, la Fiscalía formalizó la imputación contra los tres involucrados. La jueza de Garantías Mabel Moya autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de doce meses y dispuso que los acusados continúen el proceso en libertad.

Además, la magistrada ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes sobre el matrimonio de arquitectos, mientras que no adoptó esa medida respecto de Sánchez Montilla.

En cuanto a este último, ya había sido mencionado en otra investigación vinculada a presuntas maniobras con desarrollos inmobiliarios, causa en la que también figura entre los imputados. Su defensa sostuvo en la audiencia que no firmó la documentación relacionada con el préstamo y que las garantías fueron asumidas exclusivamente por la pareja de arquitectos.