Comenzó la sesión en Diputados por la ley de proveedores mineros

La Cámara de Diputados de San Juan comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de proveedores mineros, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca aumentar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en el desarrollo de la actividad minera.

Si bien la sesión ordinaria había sido convocada para las 9, el debate comenzó cerca de las 10, luego de una hora de demora, pese a que la mayoría de los legisladores ya se encontraba en sus bancas.

El proyecto establece que las empresas operadoras deberán trabajar para alcanzar un 80% de empleo local, priorizando la contratación de habitantes de los departamentos donde se desarrollen los emprendimientos mineros. Además, fija como objetivo que el 60% del monto anual destinado a compras y contrataciones sea realizado con proveedores sanjuaninos, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

La iniciativa también obliga a las empresas mineras y a sus principales contratistas a presentar Planes de Desarrollo con metas progresivas y verificables sobre empleo y contratación de proveedores locales, los cuales deberán actualizarse cada dos años.

Otro de los puntos destacados es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital en la que solo podrán inscribirse empresas con domicilio operativo en la provincia, que tributen en San Juan y cuenten con al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.

El proyecto también apunta a brindar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas locales. Para ello, las operadoras deberán publicar con anticipación sus planes de demanda, compras y futuras licitaciones, permitiendo que los proveedores se preparen para competir en igualdad de condiciones.

Como incentivo, las compañías que cumplan de manera simultánea con las metas de empleo local y compras a proveedores sanjuaninos accederán a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales o transferirse a otras pymes.

La propuesta incorpora además mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, prioriza a los proveedores que generen mayor valor agregado en la provincia y establece que las acciones de responsabilidad social empresaria deberán coordinarse con los planes estratégicos de los municipios en áreas como educación, salud e infraestructura.

En caso de ser aprobada, el control del cumplimiento de la norma quedará a cargo del Ministerio de Minería, con el acompañamiento de un Consejo Consultivo público-privado. La iniciativa también contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que podrán ir desde multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias hasta la suspensión del Registro de Proveedores Mineros.