Incidentes en causa clave
Ahora, además de la recusación, a los presidentes de OSSE les rechazaron la denuncia contra la jueza por la causa del Acueducto
Los expresidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, recibieron un nuevo revés en las acciones judiciales que llevaron adelante contra la jueza que ha intervenido en los primeros pasos de la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. A fines del mes pasado, a través de su abogado Nasser Uzair, los exfuncionarios de la gestión anterior intentaron apartar a la magistrada, planteo que fue rechazado, y ahora les fue desestimada la denuncia que realizaron en la que indicaron que la jueza de Garantías, Mónica Lucero, cometió el delito de prevaricato: dictar una resolución arbitraria o contraria a la ley a sabiendas de que es injusta. Así, según la postura fiscal, no existieron motivos suficientes que configuren un delito, por lo que Lucero debe seguir como jueza de la causa. Además, un dato no menor es que Sirerol y Ruiz, a través de su abogado, también intentaron apartar al fiscal que analizó la denuncia contra Lucero y a toda la UFI Delitos Especiales, planteo que también fue rechazado.
La causa del Acueducto sumó un nuevo capítulo a mediados de junio cuando la UFI Delitos Especiales solicitó a la jueza de Garantías extender el plazo de investigación previa por 90 días más, pedido que recibió el visto bueno de la magistrada. Fue ese hecho puntual el que derivó en que la defensa de los expresidentes realizara diversos planteos de recusación y denuncias contra la jueza. Es que, previo a tomar la decisión de extender el tiempo de investigación preliminar, Lucero indicó que los expresidentes debían ser notificados y participar de la audiencia, por lo que otorgó un cuarto intermedio que duró un día. Cuando se reanudó la audiencia pedida por la Fiscalía, se hizo sin la presencia del abogado de los exfuncionarios de OSSE, y Lucero dio el OK para extender el plazo. Tras ese escenario hubo una tercera audiencia pedida por Uzair, en la que solicitó ser parte del expediente, planteo que le daría derecho a formular acciones, acceder al expediente y realizar medidas de prueba, entre otros aspectos. Ese pedido fue rechazado porque la jueza entendió que, por el momento, tanto Sirerol como Ruiz no están acusados ni investigados, por lo que no son parte del expediente. Es que la UFI Delitos Especiales todavía se encuentra determinando si ha existido delito en la ejecución de la megaobra.
Con el rechazo, a través de Uzair, Sirerol y Ruiz pidieron que la jueza fuera apartada de la causa, lo que fue rechazado, y también la denunciaron por prevaricato. Esa denuncia recayó también en la UFI Delitos Especiales, por lo que Uzair recusó a todos los fiscales que integran esa unidad, planteo que fue analizado por el fiscal Adolfo Díaz. Dicho miembro del Ministerio Público Fiscal emitió un informe negando la recusación, escrito que fue analizado, a su vez, por el fiscal coordinador, Roberto Ginberg. Este último, el pasado 30 de junio, decidió “declarar inadmisible la recusación interpuesta por el doctor Nasser Uzair contra los Fiscales de la Unidad Fiscal Delitos Especiales” y “disponer que el Fiscal de Caso N.º 6, Dr. Adolfo Díaz, prosiga con la investigación del presente legajo”. Esto es, que Díaz quedó confirmado para evaluar la denuncia realizada contra Lucero.
Fuentes oficiales confirmaron que ese paso se cumplió este miércoles cuando Díaz emitió un dictamen en el que indicó “desestimar la promoción de la investigación del presente hecho por inexistencia de delito que conlleve el inicio de la Investigación Penal Preparatoria”.
Para decidir así, Díaz sostuvo que, de lo denunciado, “no se puede deducir la apariencia siquiera de la existencia de hechos ilícitos que ameriten ser investigados”. Además, destacó que “la intervención de este Ministerio Público no tiene por fin evaluar el desempeño de los jueces en su cargo, sino que tiene competencia únicamente en lo que se refiere a la acusación de ilícitos penales”. También aclaró que “el dictado por parte de un juez de resoluciones contrarias a la ley solo podría ser determinado por un tribunal superior a este; lo que no parece haber acontecido en los hechos denunciados. Con lo cual resulta materialmente imposible juzgar si tal resolución fue contraria a la ley, en tanto ello no puede depender de la determinación que haga este Ministerio Público, ni tampoco surgir de la mera invocación”.
Por último, afirmó que “de conformidad con todas las razones de hecho y de derecho expuestas, no corresponde iniciar investigación penal, por cuanto no existen indicios que permitan afirmar la posible existencia de un delito, por lo que debe desestimarse la promoción de la investigación del presente hecho y, en consecuencia, disponerse el archivo de las actuaciones”.
La causa del Acueducto nació a fines del año pasado, cuando el abogado Marcelo Arancibia hizo una presentación “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobras ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”. Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019-2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac. Cabe recordar que Ruiz cumplió funciones en OSSE antes de ese período y Sirerol durante esos años.