El Gobierno acelera su agenda y busca aprobar en agosto la reforma del Banco Central

El Gobierno nacional acelera las negociaciones legislativas con el objetivo de concentrar durante agosto dos de los movimientos más importantes de su agenda parlamentaria. La estrategia oficial apunta a aprobar en una única sesión de la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, mientras que en el Senado busca avanzar con la designación de jueces para la Cámara Federal porteña.

En la Casa Rosada trabajaron para que ambas iniciativas económicas llegaran al recinto hacia fines de agosto. La intención fue reunir los proyectos en una misma sesión, una modalidad que suele impulsar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien prioriza convocatorias con un paquete amplio de temas y con los votos asegurados.

Antes de enviar formalmente la reforma del Banco Central al Congreso, el Ejecutivo evaluó que el presidente Javier Milei la presentara públicamente mediante una cadena nacional. La iniciativa fue considerada una de las principales apuestas económicas del segundo semestre.

El proyecto propuso limitar el financiamiento directo e indirecto del Banco Central al Tesoro Nacional, revisar el mecanismo de adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, además de reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

En paralelo, el oficialismo buscó impulsar una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. La propuesta apunta a fortalecer el denominado "tapón fiscal", restringiendo la posibilidad de que ARCA revisara períodos anteriores de quienes adhieran al régimen, además de facilitar que los fondos ingresaran al sistema financiero y se canalizaran hacia el mercado de capitales.

Desde el Gobierno sostuvieron que ambos proyectos respondieron a un mismo objetivo: impedir que futuras administraciones financiaran el déficit mediante emisión monetaria y generar mayores incentivos para la formalización de ahorros que hoy permanecían fuera del sistema.

Mientras tanto, el Ejecutivo deja en un segundo plano la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya contaba con dictamen parlamentario, aunque no figuró entre las prioridades para la sesión prevista en Diputados.

Avance de pliegos judiciales

En el Senado, la prioridad oficial pasa por la aprobación de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, junto con otras designaciones de jueces, fiscales y defensores.

Los expedientes ya habían tomado estado parlamentario y fueron girados a la Comisión de Acuerdos, que debía realizar las audiencias correspondientes antes de habilitar el tratamiento en el recinto.

La Cámara Federal porteña es uno de los tribunales más relevantes del país, ya que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia en causas vinculadas a corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado.

En el oficialismo consideraron que completar esas vacantes resultó una prioridad dentro de la política judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, que aceleró el envío de candidatos al Senado y fortaleció las negociaciones con los bloques dialoguistas.

De esta manera, el Gobierno buscó llegar a agosto con una agenda legislativa centrada en dos frentes: consolidar las reformas económicas que Milei pretendió exhibir como ejes de su gestión y avanzar con nombramientos considerados estratégicos para el funcionamiento de la Justicia federal.