CASO RESONANTE
ARA San Juan: los fundamentos de la condena al exjefe de la Fuerza de Submarinos y por qué un juez votó por absolverlo
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer este jueves los fundamentos de la sentencia que el pasado 8 de julio condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y en el que murieron los 44 tripulantes, tres de ellos los sanjuaninos Cayetano Vargas, Renzo Silva y Ricardo Alfaro.
El juicio había comenzado en marzo y se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos. A lo largo de más de 20 audiencias declararon casi 90 testigos, entre submarinistas, familiares de las víctimas, técnicos y especialistas. Durante esos meses se discutieron el estado material de la nave, los procedimientos internos de la Armada, las responsabilidades dentro de la cadena de mando y, especialmente, qué podía reconstruirse sobre las últimas horas del submarino antes de su implosión.
Las propias partes acordaron durante el debate el número de testigos y el orden en el que prestarían declaración, en un proceso que incorporó además una extensa cantidad de documentación técnica y administrativa.
La condena contra Villamide no fue unánime. La mayoría quedó integrada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi y Enrique Nicolás Baronetto. Reynaldi desarrolló el voto principal y Baronetto adhirió a sus conclusiones sobre la existencia de los hechos, la calificación legal y la pena, aunque añadió consideraciones propias. El tercer miembro del tribunal, Luis Alberto Giménez, discrepó con esa solución y se pronunció por absolver también al exjefe de la Fuerza de Submarinos.
Sí hubo coincidencia entre los tres magistrados para absolver a los restantes acusados: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo encabezada durante el juicio por Gastón Franco Pruzán, fiscal general interino ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El equipo estuvo compuesto además por el fiscal federal interino de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla, que había intervenido durante la instrucción; el fiscal general interino de Río Gallegos Julio C. L. Zárate y la fiscal general interina de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas María Andrea Garmendia Orueta.
También participaron, en representación de distintas familias, los querellantes Luis Tagliapietra -padre de uno de los tripulantes fallecidos-, Valeria Carreras y Lorena Arias.
Los cuatro militares ocupaban lugares diferentes dentro de la estructura naval al momento de la tragedia. López Mazzeo, que tenía el grado de contraalmirante, estaba al frente del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada (COAA). Villamide era capitán de navío y comandaba la Fuerza de Submarinos (COFS). Alonso, también capitán de navío, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de ese comando, mientras que Correa, capitán de fragata, era jefe del Departamento de Operaciones del COFS.
El rol de Villamide resultó decisivo para el análisis de la mayoría. Desde el 21 de febrero de 2017 era titular del Comando de la Fuerza de Submarinos y ejercía como Autoridad de Control Operativo de las Unidades Submarinas de la Armada. La reglamentación le asignaba, entre otras funciones, entender en el alistamiento de los submarinos, asegurar su sostén logístico e intervenir en su conducción.
Cuatro años después de la desaparición del San Juan, Villamide fue destituido de la Armada el 31 de mayo de 2021 como consecuencia de la actuación disciplinaria desarrollada en el ámbito militar. El expediente quedó bajo intervención del Estado Mayor Conjunto luego de que autoridades de la Armada se excusaran de participar.
Durante el juicio penal, el propio Villamide recordó que había llegado al Consejo de Guerra con nueve cargos propuestos y señaló que finalmente fue destituido por “no haberle insistido enfáticamente sobre la conveniencia de permanecer en superficie, no haber convocado a su Estado Mayor, y haber estado procesado”.
Aquella discusión reapareció en la sentencia penal. Uno de los puntos que separó a la mayoría de la minoría fue justamente determinar hasta dónde llegaban las obligaciones de Villamide como superior y qué margen de autonomía conservaba Pedro Fernández, comandante del ARA San Juan, para decidir cómo actuar frente a la emergencia.