Diputados dio media sanción a la reforma de Inocencia Fiscal que amplía el régimen y elimina los topes

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros mantenidos fuera del sistema sin penalidades.

El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones y ahora será girado al Senado para continuar con su tratamiento legislativo.

La iniciativa modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes que actualmente limitan el ingreso al sistema: dejarán de regir el máximo de $10.000 millones de patrimonio y de $1.000 millones de ingresos.

Para acceder al régimen se mantienen como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos” y dejar de considerarlo sospechoso por haber recurrido al ahorro informal durante períodos de alta inflación.

Según explicó, el objetivo también es que ARCA concentre sus controles en los casos que presenten inconsistencias relevantes, en lugar de realizar una fiscalización general sobre los contribuyentes alcanzados por el régimen.

Qué cambia para los funcionarios

Durante el debate, el oficialismo incorporó a pedido de los bloques aliados una restricción específica para los funcionarios públicos y exfuncionarios.

Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a los beneficios del régimen.

La medida alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.

En esos casos tampoco regirá la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección de la denominada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizar las declaraciones ante cualquier diferencia detectada y aplicar las multas y sanciones previstas por el régimen general.

“No nos tiembla el pulso a la hora de generar más transparencia y menos impunidad”, afirmó Rodríguez Machado.

La diputada aclaró además que los funcionarios deberán continuar presentando sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y seguir alcanzados por el régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La oposición denunció un nuevo blanqueo

Desde la oposición cuestionaron el proyecto y lo calificaron como un nuevo mecanismo de blanqueo que, según plantearon, reduce la capacidad del Estado para controlar fondos cuyo origen no pueda ser justificado.

El diputado de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger sostuvo que la reforma es “mucho más que una simplificación tributaria” y advirtió sobre lo que definió como “un cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias”.

También cuestionó la reducción de las herramientas de fiscalización de ARCA y señaló que las personas con mayor patrimonio e ingresos cuentan con mayores posibilidades de ocultar o diferir ingresos.

En la misma línea, Martín Lousteau cuestionó lo que consideró una distancia entre el nombre de la iniciativa y sus efectos. Sostuvo que detrás de la simplificación tributaria se encuentra una reducción de la capacidad de ARCA para detectar evasión y propuso, de manera irónica, denominarla “Ley de facilitación e impunidad de la evasión” o “Ley Adorni-Espert”.

También bajan algunas multas

El dictamen aprobado también contempla una reducción del 25% en determinadas multas por infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.

Además, establece una quita del 50% para determinadas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que el contribuyente regularice el incumplimiento.

La reforma también limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y establece que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.

El punto que quedó afuera

Durante el debate también surgió un reclamo para ampliar las restricciones a los familiares de funcionarios y exfuncionarios.

La diputada Gisela Scaglia señaló que los cónyuges y familiares sí podrán acceder al régimen simplificado y a sus beneficios, y reclamó que también queden sujetos a obligaciones vinculadas con su condición de personas políticamente expuestas.

El oficialismo incorporó la exclusión de los funcionarios y exfuncionarios de los beneficios durante los cinco años posteriores, pero no extendió esa restricción a sus cónyuges y familiares.

Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde continuará su recorrido legislativo antes de convertirse, eventualmente, en ley.