El Gobierno frenó la concesión del Correo Argentino por la cercanía de las elecciones de 2027

El Gobierno puso en pausa el proceso para concesionar el Correo Argentino debido a la cercanía de las elecciones de 2027. Si bien la iniciativa no quedó cancelada, perdió prioridad dentro del programa de privatizaciones y no tuvo una fecha definida para avanzar con la licitación.

La principal preocupación de la Casa Rosada estuvo relacionada con el papel que cumplió la empresa en la organización de los comicios. El Correo participó en el traslado de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas logísticas que requirieron una planificación anticipada.

Según fuentes oficiales, avanzar ahora con un cambio de operador podría superponerse con la preparación de las próximas elecciones, especialmente ante la posibilidad de que finalmente se implementen las PASO en 2027. Por ese motivo, en el Gobierno consideraron que la concesión dejó de ser una prioridad inmediata.

Aunque el proceso perdió ritmo, los equipos técnicos continuaron trabajando sobre el esquema. Una de las alternativas que se evaluó consistió en avanzar con una eventual licitación y establecer que el nuevo operador asumiera después de los comicios. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó una decisión en ese sentido.

La hoja de ruta original contemplaba que el proceso estuviera más avanzado durante el primer trimestre de 2026. Los plazos se extendieron y el expediente perdió impulso a medida que se produjeron cambios en las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas.

El proyecto no contempló, en principio, una venta directa del Correo, sino una nueva concesión para la explotación del servicio postal. La empresa permaneció bajo control estatal desde que en 2003 se rescindió la concesión privada.

La cuestión electoral marcó una diferencia con otros procesos de privatización impulsados por la administración de Javier Milei. Durante las elecciones legislativas de 2025, el Correo participó en distintas tareas vinculadas con la jornada electoral, incluida la logística y las pruebas de transmisión y recuento.

Mientras el proceso del Correo quedó en pausa, el Gobierno avanzó con otras privatizaciones. Entre ellas se encontró el Belgrano Cargas, cuya licitación para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza fue lanzada en agosto. También avanzó la adjudicación de nuevos tramos de Corredores Viales, mientras que el proceso de AySA continuó con la recepción de ofertas postergada hasta septiembre.

En paralelo, el Correo atravesó un proceso de reducción de costos. El presupuesto para 2026 proyectó ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones. Además, la empresa previó girar $60.000 millones al Tesoro.

La compañía también proyectó inversiones por $34.745 millones destinadas a la expansión de los denominados “Punto Correo”, sistemas de clasificación automática, trazabilidad, mejoras en centros de datos y herramientas para el comercio electrónico.

La dotación de personal también continuó en descenso. El Correo cerró 2025 con 11.676 empleados y proyectó finalizar 2026 con 11.436 trabajadores.

De esta manera, el Gobierno no dio por cancelada la concesión, pero dejó de trabajar con el objetivo de concretarla antes de las elecciones de 2027. La empresa continuará bajo gestión estatal mientras la Casa Rosada define si puede avanzar con una transición que no afecte la logística electoral o si retomará el proceso una vez finalizados los comicios.