Procesaron a dos ex funcionarias de la ANMAT por el caso del fentanilo contaminado y ordenaron embargos millonarios

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que hasta el momento está relacionado con 90 muertes.

Ambas fueron consideradas, de manera provisoria, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales. La acusación también contempla lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros pacientes.

Kreplak dispuso que las dos ex funcionarias continúen en libertad, aunque con distintas restricciones. Además, fijó para cada una un embargo de $500.000 millones y ordenó la inhibición general de sus bienes. También deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje, no salir del país y evitar todo contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

Las demoras que quedaron bajo la lupa

Uno de los principales aspectos analizados por el juez fue el funcionamiento de los organismos estatales encargados de controlar a los laboratorios. Según la resolución, las irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo ya eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y existían mecanismos administrativos para limitar o detener sus actividades.

El fallo puso especial atención sobre la actuación de Mantecón Fumadó. Para Kreplak, la ex directora del INAME conocía el funcionamiento deficiente de los laboratorios y tenía herramientas para intervenir ante las irregularidades detectadas por las áreas técnicas.

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En ese contexto, el magistrado cuestionó el manejo de las denominadas cartas de advertencia, utilizadas para comunicar incumplimientos detectados durante las inspecciones y exigir medidas correctivas. Según la reconstrucción judicial, Mantecón se apartó de los plazos previstos para emitir una carta contra Laboratorios Ramallo y mantuvo encuentros con representantes de las empresas. En el caso de HLB Pharma, el proyecto de carta de advertencia habría permanecido durante más de cuatro meses sin ser firmado.

La diferencia entre ambos procedimientos fue considerada relevante por Kreplak. La carta dirigida a Laboratorios Ramallo fue finalmente firmada el 10 de febrero de 2025 y estableció la inhibición de toda su actividad productiva. En cambio, el documento preparado para HLB Pharma incluía una prohibición de comercializar sus productos, pero nunca llegó a concretarse. Para el juez, esa demora tuvo consecuencias porque permitió que medicamentos elaborados bajo condiciones cuestionadas siguieran circulando.

La responsabilidad atribuida a Bisio siguió una línea similar. Como máxima autoridad de la ANMAT durante el período investigado, Kreplak sostuvo que no podía desvincularse de las decisiones adoptadas dentro del INAME, organismo que dependía de la administración que ella encabezaba.

El magistrado también señaló que Bisio tenía facultades para intervenir ante una eventual falta de acción de sus subordinados. Uno de los elementos considerados en su contra fue que el 12 de mayo de 2025 firmó la disposición que prohibió el uso y la comercialización del lote 31.202 de fentanilo producido por HLB Pharma, cuando las muertes vinculadas al producto ya habían ocurrido.

La resolución también reconstruyó una reunión del 14 de enero de 2025, en la que, según el expediente, autoridades sanitarias y representantes del laboratorio habrían acordado postergar la emisión de las cartas de advertencia para permitir que la empresa implementara correcciones. Al día siguiente, HLB Pharma presentó ante el INAME un supuesto plan para solucionar las deficiencias detectadas durante inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024. Para Kreplak, esa actitud evidenció una respuesta estatal insuficiente frente a incumplimientos que ya habían sido identificados.

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La investigación ya suma 134 víctimas

El expediente incorporó además información de la última declaración de Mantecón Fumadó, realizada el 31 de agosto. La ex funcionaria había señalado previamente que en algunas reuniones convocadas en el Ministerio de Salud participaban abogados penalistas y había quedado comprometida a aportar sus identidades. Sin embargo, cuando el juez volvió a consultarle específicamente por esos nombres durante su última indagatoria, no respondió.

La causa contabiliza hasta ahora 134 víctimas, entre ellas 90 personas fallecidas, y registra 47 querellas. Al establecer los embargos contra las dos ex funcionarias, Kreplak consideró no solo la gravedad de los hechos investigados, sino también las posibles indemnizaciones civiles, los peritajes realizados y la dimensión económica que podría alcanzar la causa. En paralelo, el juez diferenció la situación de las autoridades políticas del Ministerio de Salud. Si bien sostuvo que el ministro conocía aspectos generales del caso, consideró que por el momento no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

Según la resolución, las decisiones adoptadas desde la cartera sanitaria estuvieron orientadas a impedir que las empresas continuaran funcionando y no a favorecer su actividad. De esta manera, Kreplak centró el reproche penal, en esta etapa de la investigación, en las presuntas demoras y omisiones registradas dentro de los organismos encargados de la fiscalización de los medicamentos.