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Detuvieron al exgobernador Sergio Urribarri tras quedar firme su condena por corrupción
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue detenido durante la noche del viernes y trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná, luego de que quedara firme la condena de ocho años de prisión que pesa en su contra por delitos contra la administración pública.
La orden también alcanzó a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, y Pedro Báez, exministro de Comunicación durante su gestión. Ambos fueron condenados a seis años y medio de prisión en la misma causa.
Urribarri fue buscado por efectivos policiales en su domicilio de Concordia y trasladado hacia la capital entrerriana. El recorrido, de unos 280 kilómetros, demandó casi cuatro horas debido al estado de la Ruta Nacional 18. Finalmente, el exgobernador ingresó a la unidad penitenciaria durante la madrugada.
Urribarri había sido condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado para intentar revertirla.
El pedido de prisión domiciliaria
Antes de que se concretara la detención, la defensa de Urribarri había solicitado que pudiera cumplir la condena bajo prisión domiciliaria y con control electrónico, argumentando razones vinculadas con su estado de salud.
Según la presentación de su abogado, Leopoldo Cappa, el exgobernador se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y cuenta con una certificación médica que señala un cuadro de trastorno de estrés postraumático.
La Fiscalía se opuso al pedido y sostuvo, entre otros argumentos, que con una condena firme corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas definir la modalidad en que debe cumplirse la pena.
El Tribunal de Juicio, integrado por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, consideró “improcedente” el planteo de la defensa y señaló que la decisión sobre una eventual prisión domiciliaria corresponde a la Justicia de Ejecución.
De todos modos, los magistrados dispusieron que el Servicio Penitenciario realice un exhaustivo examen médico a los condenados al momento de su ingreso. También ordenaron garantizar la continuidad de los tratamientos y la provisión de la medicación indicada, además de disponer traslados a centros hospitalarios si fueran necesarios.