Usina de Justicia brindó más detalles de la denuncia contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

Luego de la decisión de la jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, la asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada y cuestionó los fundamentos utilizados para dejar en suspenso la aplicación de la normativa durante 60 días. La magistrada Raquel Slotolow, integrante de Usina de Justicia y exjueza, brindó detalles de la presentación y apuntó contra la resolución de Pascual, a la que calificó como "muy desafortunada".

Slotolow explicó que la denuncia fue realizada por abuso de su función y usurpación funcional, al considerar que la magistrada se atribuyó facultades que no le corresponden. “Ningún juez está autorizado a decir si una ley es vigente o no. A lo sumo, puede expedirse por su constitucionalidad o no, cosa que la señora magistrada no hizo y se arrogó el derecho de decidir en una audiencia si esa ley está vigente o no”, sostuvo.

Uno de los principales cuestionamientos de Usina de Justicia está relacionado con los fundamentos utilizados por Pascual para suspender la aplicación del régimen. Según planteó la asociación en su denuncia, no existe una lesión de derechos “en forma concreta” contra los menores alcanzados por la nueva normativa ni tampoco un “peligro inminente” de que esa situación ocurra.

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La organización cuestionó que la jueza haya basado parte de su decisión en la hipótesis de un eventual incremento de las internaciones, situación que podría derivar en un escenario de “hacinamiento” para los menores que ya se encuentran alojados. Frente a ese argumento, Usina de Justicia sostuvo que la legislación contempla distintas sanciones que no implican privación de la libertad. Entre ellas se encuentran medidas educativas, trabajos o servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos destinados a reparar el daño provocado.

Slotolow también utilizó su experiencia como exjueza para cuestionar el camino elegido por Pascual. Recordó que estuvo al frente de un juzgado de Campana y aseguró que, ante una eventual falta de infraestructura para cumplir una medida judicial, la solución no debería ser suspender una ley. “Yo fui juez en un juzgado de Campana y de ninguna manera, si estuviera sentada en mi sillón en este momento, me hubiese hecho eco de esta resolución en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

La magistrada explicó que, si un juez debe disponer el alojamiento de un menor y no existen las condiciones necesarias, corresponde exigir respuestas a las autoridades responsables. “Si a mí me dicen como juez que tengo que detener a un menor, tengo que tener un lugar donde alojarlo. Entonces le digo a las autoridades: ‘díganme dónde lo alojo’”, graficó.

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Y fue todavía más contundente al cuestionar que una eventual falta de infraestructura pueda convertirse en un argumento para dejar sin efecto la aplicación de una norma. “No suspender una ley, porque en ese caso también deberíamos eliminar a todos los enfermos de los hospitales, porque no están en condiciones”, sostuvo.

En paralelo a la denuncia penal, la resolución de Pascual fue apelada por el fiscal. Para Slotolow, esa presentación representa un contrapeso dentro del sistema judicial y abre la posibilidad de revisar la decisión. “La apelación del fiscal arroja un poco de aire fresco a la justicia. Me parece que ningún juez sensato actuaría de esa manera”, afirmó.

En este marco, el tribunal convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que las autoridades provinciales dependientes del gobernador Axel Kicillof deberán informar sobre las medidas adoptadas y las acciones previstas para avanzar con la implementación de la nueva normativa.

Mientras continúa el trámite judicial de la apelación y se acerca la audiencia prevista para el 16 de septiembre, la discusión por la aplicación del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense suma así una nueva dimensión: además del debate sobre la implementación de la ley, ahora también quedó bajo cuestionamiento judicial la actuación de la magistrada que decidió suspenderla.