Confirmaron que la mujer hallada muerta mientras desvalijaban su casa en Santa Lucía fue asesinada e imputaron a los detenidos por robo seguido de muerte

La investigación por la muerte de Ángela Berta “Lita” Álvarez, la jubilada que fue encontrada sin vida en su vivienda de Santa Lucía mientras delincuentes desvalijaban el domicilio, tuvo un giro determinante. Los estudios histopatológicos realizados sobre el cuerpo confirmaron que la mujer no murió por causas naturales, sino que sufrió una muerte violenta por asfixia mecánica.

A partir de este resultado, durante la audiencia de ampliación de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal de la causa. Los cuatro detenidos, que inicialmente estaban imputados por hurto simple, quedaron acusados por el delito de robo seguido de muerte, previsto en el artículo 165 del Código Penal.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, mientras que fue presidida por el juez de Garantías Pablo León. La defensa de los cuatro imputados estuvo a cargo del abogado Hugo Trigo.

Los acusados son Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera. Según la nueva hipótesis investigativa, resta determinar quién o quiénes participaron directamente en la muerte de la mujer y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.

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Uno de los datos más relevantes surgidos de las pericias es que Álvarez habría fallecido aproximadamente 12 días antes de que fuera encontrado su cuerpo. Durante ese período, los investigadores sostienen que los delincuentes habrían ingresado en reiteradas oportunidades a la vivienda para sustraer distintos objetos, mientras el cadáver permanecía en el interior.

Además, durante las pericias realizadas sobre el cuerpo de la víctima se encontraron dos perfiles genéticos diferentes en una de sus manos, al menos uno de ellos de origen masculino. Las muestras serán cotejadas con los perfiles de los cuatro imputados y podrían aportar información clave para determinar quién tuvo contacto con la mujer.

El caso comenzó cuando un vecino, que además es policía, observó a dos hombres retirando una heladera de la vivienda ubicada en el barrio Alberdi. Los sospechosos abandonaron el electrodoméstico e intentaron escapar. Uno de ellos, Gabriel Pozo, fue reducido y posteriormente detenido por efectivos policiales.

Al ingresar al domicilio, los investigadores encontraron a Álvarez sin vida junto a su cama y en avanzado estado de descomposición. Debido al estado del cuerpo, en un primer momento no había sido posible determinar con precisión la causa del fallecimiento, por lo que la investigación avanzó inicialmente bajo la hipótesis de una muerte natural y con una imputación por hurto simple.

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Los resultados histopatológicos modificaron ese escenario y llevaron a la Fiscalía a solicitar la ampliación de la investigación y el cambio de calificación. Ahora, los cuatro detenidos quedaron imputados como coautores de robo seguido de muerte, un delito que contempla una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

Durante la audiencia, Gabriel Pozo y otro de los imputados prestaron declaración y buscaron desvincularse de la muerte de la jubilada. Pozo sostuvo: “Que me perdone Dios por haberle entrado a robar a una mujer muerta”, mientras que otro de los acusado afirmó: “Yo fui el primero que entré a esa casa a robar, y yo encontré a la señora, pero estaba muerta ya”.

Finalmente, el juez Pablo León resolvió dictar un año de prisión preventiva para Pozo, Flores, Videla y Vera, además de extender por un año la Investigación Penal Preparatoria. Mientras los cuatro permanecen detenidos, la Fiscalía continúa con las medidas destinadas a determinar la autoría material de la muerte y analiza, entre otros elementos, los perfiles de ADN encontrados en el cuerpo de la víctima.