La Justicia espera las explicaciones de Adorni por su patrimonio y podría darle otra prórroga

El ex jefe de Gabinete tiene tiempo hasta el próximo martes para presentar las explicaciones solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación busca determinar el origen de distintos fondos y bienes declarados durante su paso por la función pública.

El nuevo plazo otorgado al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni para responder los requerimientos de la Justicia vence este martes. El funcionario debe contestar un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según fuentes judiciales, Adorni podría solicitar una nueva extensión de 15 días. El primer plazo había sido de dos semanas y finalizó el pasado 25 de agosto.

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La investigación apunta a establecer cómo se produjo la evolución patrimonial del ex funcionario desde su ingreso a la administración pública, en diciembre de 2023, hasta su salida en junio de este año. También se encuentra bajo análisis la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, durante el período analizado se acreditaron ingresos por $229,7 millones, mientras que los gastos registrados alcanzaron los $272,8 millones, lo que representa una diferencia de $43.068.549.

A ese análisis se agregan operaciones vinculadas con inmuebles, refacciones y mobiliario por aproximadamente US$402.578,12. Para el fiscal, esos movimientos requieren mayores precisiones debido a que no se encontraría acreditado su vínculo con ingresos lícitos comprobados.

Qué quiere esclarecer la Justicia

Entre los puntos que Pollicita le pidió explicar a Adorni se encuentra el origen de los dólares en efectivo declarados en sus presentaciones patrimoniales y la procedencia de los fondos utilizados para adquirir un automóvil Jeep.

También deberá brindar información sobre el lote 380 del Country Indio Cuá, incluyendo el dinero utilizado para su compra y las obras realizadas posteriormente. En particular, la Justicia pidió precisiones sobre un pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar.

Otro de los ejes está relacionado con el inmueble de Miró 550, tanto por su adquisición como por los fondos destinados a la compra de muebles y las mejoras realizadas en la propiedad.

El fiscal también requirió documentación sobre préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, operaciones con criptoactivos, gastos realizados en viajes al exterior y pagos de alquileres, expensas y establecimientos educativos.

Además, deberá explicar movimientos registrados en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, así como acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco Nación.

La Justicia también puso bajo análisis determinadas operaciones informadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, posibles deudas con el Banco Galicia, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias y consumos realizados por personas de su entorno mediante tarjetas asociadas al ex funcionario.

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Finalmente, Pollicita solicitó precisiones sobre una facturación de una concesionaria automotor por más de $4 millones, el criterio utilizado para valuar mejoras en el inmueble de Miró 550 y la forma en que fueron valuadas y financiadas las obras realizadas en el Country Indio Cuá.