Peloteo entre la justicia sanjuanina y jujeña por un caso de abuso a una menor

Una familia de Jujuy reclama justicia luego de que una menor, que en su momento tenía 16 años, denunciara que un pariente sanjuanino abusó de ella a fines del año pasado. La causa ha generado una situación inusual: que exista un peloteo, un ida y vuelta, entre la provincia del Norte y la justicia sanjuanina para determinar quién tiene que intervenir. Es que, si bien desde Jujuy tomaron unas medidas preliminares, entendieron que no son competentes porque el hecho ocurrió en San Juan, mientras que, según trascendió, en la UFI ANIVI creen lo contrario. Advierten que se debe tener en cuenta a la menor, su arraigo y evitar una posible revictimización, por lo que es el imputado el que debería ser trasladado a la vecina provincia para continuar con la causa. El debate no está cerrado, pero por el estado de situación, perfila que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá intervenir para definir en qué provincia se tendrá que tramitar el expediente.

El complejo escenario quedó ventilado en una audiencia que se realizó el miércoles, la que quedó trunca porque el imputado no se hizo presente, pero sí estuvo su abogada. El juez de Garantías, Guillermo Adarvez, definió que debe realizarse otra convocatoria, con la presencia del imputado, fecha que deberá ser definida por la Oficina Judicial. Un dato no menor es que, además de la abogada defensora y fiscalía, también se hizo presente la querella, en representación de la familia de la menor presuntamente abusada. Preliminarmente, la abogada apuntó por la continuidad de la investigación en San Juan, dado que ha pasado más de medio año desde que ocurrió el hecho y la familia reclama justicia.

Son pocos los expedientes en los que han existido conflictos de competencia entre provincias, y si bien la doctrina apunta a que las causas deben tramitarse donde existió el hecho, esa postura cambia cuando la víctima es un menor de edad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que debe tenerse en cuenta el “interés superior del niño” y cuál es el “centro de vida del menor”, entre otros puntos, bajo un lema central: evitar la revictimización. De hecho, según trascendió, ese es el fundamento principal que sostiene el Ministerio Público Fiscal e intentó plasmarlo en la audiencia que quedó trunca para que el juez de Garantías declare la incompetencia de San Juan y remita, nuevamente, la causa a Jujuy.

Un dato no menor, que confirmaron en Tribunales, es que el imputado tiene otros expedientes penales abiertos en trámite. Si bien no trascendió el detalle de los mismos, hay quienes entienden que, al haber más de una causa con un mismo imputado, la Justicia podría definir que la causa siga en San Juan.

Sobre el hecho

Según se supo, todo habría ocurrido a fines del año pasado cuando la menor, junto a su familia, llegó a San Juan desde Jujuy para pasar las fiestas. En ese momento, con 16 años (hoy tiene 17), se alojó en el domicilio del imputado, un pariente, ya que, al parecer, tiene hijas de una edad similar. No trascendió detalles, pero, al parecer, la menor habría denunciado el presunto abuso una vez regresada a su provincia.

Fuentes oficiales confirmaron que, una vez expuesto el hecho, la Justicia jujeña tomó medidas, como realizar una entrevista videograbada a la menor y dictar una restricción de acercamiento al imputado, decisión, incluso, que fue notificada a la Policía de San Juan.

Estos últimos datos no son menores, ya que, para fiscalía, tiene un peso relevante que en Jujuy se hayan tomado medidas en la causa, aunque, luego, decidieran su incompetencia para avanzar en la causa porque el hecho se produjo en San Juan.

Así, ha pasado más de medio año desde que se denunció el presunto abuso contra su pariente C.A.A.R. (se reserva el nombre completo para evitar que la víctima sea identificada) y por eso es que la familia entiende que la causa debe avanzar lo antes posible, con su trámite en San Juan.

De darse intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal deberá determinar dónde debe avanzar el expediente, decisión que, a su vez, puede demorar más tiempo, ya que la Corte no tiene plazos.