Manuel Adorni buscó justificar su patrimonio: afirmó que ganó casi US$600.000 con criptomonedas

La defensa de Manuel Adorni presentó ante la Justicia un extenso descargo para explicar la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. El exjefe de Gabinete atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a inversiones en Bitcoin realizadas y liquidadas años antes de asumir, detalló cómo utilizó esos fondos y respondió sobre la compra y refacción de propiedades, préstamos, vehículos y gastos realizados en efectivo.

El escrito responde los 20 puntos requeridos por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.

La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni durante ese período tiene un “sustento razonable y verificable” y aseguró que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”.

Uno de los puntos centrales del requerimiento era el origen de los US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52 en efectivo que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas bajo el concepto de “venta de activos” en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

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La respuesta de Adorni fue que esos fondos correspondían principalmente al producto de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. Según el escrito, esas billeteras generaron en total US$591.544,61 al momento de vender las criptomonedas

La defensa aseguró que las ocho billeteras pertenecían a Adorni y presentó un acta notarial para respaldar esa afirmación. Según la presentación, un escribano certificó que el exfuncionario pudo firmar mensajes utilizando las claves privadas correspondientes a cada una de las direcciones.

Además, Adorni entregó a su abogado las claves privadas en un sobre cerrado y lacrado, que quedó a disposición de la investigación en caso de que la Justicia requiera su apertura.

Las ocho direcciones tuvieron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo. La defensa utilizó ese dato para sostener que el patrimonio vinculado con esas inversiones se había generado varios años antes de que Adorni asumiera un cargo público.

Según el descargo, las primeras compras de Bitcoin fueron realizadas en 2014 y ascendieron a US$1897,20, mientras que el grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando destinó US$199.883,20.

Adorni explicó que las operaciones se hacían de manera presencial y en efectivo. Se encontraba con vendedores particulares, recibía los Bitcoin y entregaba los dólares sin que ninguna de las partes se identificara.

La venta se habría realizado bajo una modalidad similar entre 2017 y 2018. Según la defensa, Adorni entregaba los Bitcoin y recibía dólares billete directamente de los compradores, sin la intervención de bancos, exchanges u otros intermediarios.

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“El producido de cada una de esas ventas fue percibido por mi asistido en el mismo acto y en el mismo encuentro en que se concretaba la liquidación, en dólares estadounidenses billete”, sostuvo la presentación.

La explicación implica que los movimientos de Bitcoin pueden rastrearse en la blockchain, pero la entrega y recepción del efectivo se produjo fuera del sistema financiero formal.

El descargo incorporó además una reconstrucción de la evolución de esos ahorros. Según la defensa, de los US$591.544,61 provenientes de la venta de criptomonedas quedaron US$513.000 en efectivo al cierre de 2023.

Entre los movimientos previos consignó inversiones financieras y en criptomonedas, alquileres, una transferencia a su esposa y US$27.840,56 de consumos varios durante 2023.

Durante 2024, la defensa informó gastos por US$8.000 de alquiler de una casa de country, US$7.060 de escribanía, US$5.000 por el ingreso a Indio Cuá Golf Club y US$55.000 en obras.

También incluyó US$14.697 por un viaje a Aruba, US$9000 por un viaje al Llao Llao y US$8848,37 en consumos diversos. De acuerdo con esa reconstrucción, al terminar 2024 conservaba US$388.961,52.

En 2025, el escrito detalló otros US$120.000 destinados a la obra de Indio Cuá, además de US$30.000 por la compra de un inmueble en la calle Miró, gastos de escribanía, pagos de capital e intereses de una deuda hipotecaria, alquileres y consumos.

El saldo declarado al cierre de 2025 fue de US$209.961,52.

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Otro de los principales puntos de discusión es la refacción de la vivienda del lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La defensa de Adorni cuestionó el monto de aproximadamente US$245.000 que el contratista Matías Tabar había atribuido a las obras y sostuvo que los pagos efectivamente identificados fueron menores.

El escrito enumera presuntas inconsistencias en la documentación aportada sobre la obra: diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, materiales enviados a domicilios diferentes, facturas a nombre del propio contratista y falta de un presupuesto integral y cerrado.

La defensa afirmó que un estudio contable pudo identificar US$175.000 efectivamente desembolsados a Tabar.

Además, presentó un informe técnico elaborado por un arquitecto de parte que calculó en US$174.954,58 el valor de mercado de la refacción. La defensa destacó que existe una diferencia de apenas US$45,42 entre ese cálculo y los desembolsos reconstruidos contablemente.

Según el escrito, Tabar había señalado originalmente un presupuesto de US$128.150 para distintos trabajos, que luego se redujo por tareas que no se realizaron y al que se agregaron otras obras y muebles. La propia defensa reconoció que parte de la relación económica fue informal y que el primer pago de US$35.000 en efectivo se realizó sin recibo.

Adorni también respondió por la adquisición de un departamento en Miró, en Caballito. Según la defensa, US$30.000 pagados en efectivo provinieron de los mismos ahorros vinculados con la venta de criptomonedas.

Parte del financiamiento de sus operaciones patrimoniales se explicó además mediante préstamos privados. Entre ellos aparecen mutuos con Silvia Pais, madre de Adorni, y Norma Zuccolo.

La defensa sostuvo que esos préstamos ya figuraban en las declaraciones juradas impositivas del exfuncionario y argumentó que los contratos entre particulares no requieren necesariamente escritura pública ni registración. En el caso del préstamo familiar, planteó además que la falta de mayores formalidades es habitual en operaciones entre familiares directos.

Otro de los puntos cuestionados era la compra de una Jeep Compass por $21,5 millones en 2024 y, particularmente, la hipótesis de que se hubieran pagado $18,3 millones en efectivo.

La defensa negó esa versión y sostuvo que la operación fue una permuta por una Renault Captur que Adorni y su esposa habían adquirido en 2021.

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Según el escrito, la permuta quedó documentada mediante una factura por $18,3 millones y las únicas erogaciones adicionales fueron dos transferencias de $1 millón, una realizada por Adorni y otra por su esposa, además de un pago con tarjeta Visa en seis cuotas de $200.000.

Adorni también dio explicaciones sobre distintas operaciones realizadas con tarjetas de crédito de personas de su entorno. Respecto de su entonces secretaria Gisela Kocsis, sostuvo que algunas compras fueron gestionadas por ella como parte de tareas personales que realizaba para el funcionario y que luego recibía el reintegro correspondiente.

En el caso de una compra realizada con la tarjeta de Laura Schiuma, la defensa explicó que Adorni le pidió prestado el plástico para una operación de alrededor de $2 millones y que le entregó el dinero en efectivo cuando llegó el resumen.

También rechazó que distintos productos comprados mediante la cuenta de Mercado Libre de Adorni pertenecieran necesariamente al exfuncionario. En particular, incorporó la declaración de Luis Aluju, quien afirmó que un proyector comprado desde esa cuenta era suyo y que lo había enviado al domicilio de Adorni únicamente para que alguien pudiera recibirlo.

Aluju también declaró que utilizó una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni y que luego depositaba el dinero correspondiente a sus propios consumos.

La reconstrucción realizada para la investigación contabilizó $229,7 millones de ingresos comprobados y $272,8 millones de egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos, una diferencia de aproximadamente $43 millones.

La defensa relativizó esa brecha. Sostuvo que equivale al 15,8% de los egresos totales y al 18,7% de los ingresos lícitos computados y la definió como una diferencia “residual” compatible, según su planteo, con las dificultades de reconstruir durante dos años y medio todos los movimientos económicos del grupo familiar.