El gobierno porteño pidió un jury para destituir a la jueza que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en una causa por tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.

La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura porteño por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticipara que impulsaría el jury contra la magistrada.

Según el escrito, el Ejecutivo porteño denunció a De Marinis por la posible configuración de las causales de “mal desempeño en el ejercicio de la función” y, en forma concurrente, “desconocimiento inexcusable del derecho”.

Además, Tapia pidió que el Consejo investigue los hechos, produzca las medidas de prueba que considere necesarias y analice si existieron otros apartamientos similares por parte de la magistrada. Si se verifican las irregularidades denunciadas, solicitó que se formule la correspondiente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución porteña.

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La denuncia sostiene que la presentación no busca revisar simplemente una decisión judicial desfavorable ni cuestionar la facultad de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad. El planteo del Gobierno porteño es que, en este caso, existiría una acumulación de irregularidades que excedería una diferencia de interpretación jurídica.

Entre los principales cuestionamientos, el escrito afirma que De Marinis no examinó de manera integral la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil, antes de considerar inaplicable la edad mínima de 14 años. Según la presentación, la magistrada habría omitido analizar herramientas previstas por la propia norma para adaptar la respuesta judicial a las circunstancias particulares de cada adolescente.

El Gobierno porteño también cuestionó que la jueza haya condicionado la aplicación de la ley a factores vinculados con la gravedad del delito, la trayectoria del adolescente y sus circunstancias personales y familiares, pese a que -según la denuncia- esos elementos no modifican la regla general establecida por el Congreso sobre la edad de imputabilidad.

Otro de los puntos de la presentación apunta a que De Marinis habría reconstruido de manera incorrecta la voluntad del Congreso. El escrito sostiene que la jueza interpretó los antecedentes parlamentarios para concluir que el legislador habría querido reservar la responsabilidad penal de los adolescentes de 14 años para delitos de especial gravedad, algo que el Gobierno porteño asegura que no surge del texto finalmente aprobado.

También cuestiona las referencias realizadas en la sentencia a aspectos de política criminal y al contexto social, al considerar que esas valoraciones habrían reemplazado el análisis jurídico de la norma. La denuncia aclara que un magistrado puede considerar ese contexto, pero sostiene que esas apreciaciones no pueden utilizarse para desplazar una ley sancionada por el Congreso.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la utilización del artículo 1° de la Ley 22.278, el anterior régimen penal de menores, para fundamentar el sobreseimiento del adolescente.

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Según el escrito, esa disposición fue expresamente derogada por la Ley 27.801. El Gobierno porteño sostiene que la jueza declaró inaplicable la nueva legislación, pero luego utilizó directamente una norma del régimen anterior sin explicar, a su entender, de qué manera recuperaba vigencia.

“La norma derogada proporcionó el fundamento para declarar no punible al adolescente y disponer el sobreseimiento”, afirma la presentación, que considera ese punto relevante tanto para la acusación por mal desempeño como para la de desconocimiento inexcusable del derecho.

El documento también cuestiona la forma en la que la magistrada describió el hecho investigado. Según la denuncia, De Marinis relativizó la gravedad del episodio al señalar que la víctima habría atravesado una “situación estresante” y remarcar que no se produjeron lesiones físicas ni se consumó el desapoderamiento.

El conflicto comenzó a partir de una causa por tentativa de robo. De acuerdo con la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años denunció que un grupo de cinco adolescentes lo siguió mientras caminaba por la calle y que algunos de ellos se ubicaron en distintos puntos de una esquina. La intervención policial evitó que se concretara el robo.

De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, consideró inconstitucional para ese caso particular el artículo del nuevo régimen que fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años y dispuso el sobreseimiento del adolescente. La investigación continuó respecto de otros jóvenes involucrados.

La magistrada sostuvo que aplicar el sistema penal al adolescente resultaba regresivo y estigmatizante dadas sus circunstancias personales. También remarcó que el joven estaba fuera del sistema educativo y atravesaba dificultades para alimentarse.

Este martes, la Fiscalía especializada en materia penal juvenil apeló la resolución. Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra también solicitaron que De Marinis sea apartada de la causa y que intervenga otro juez.

En paralelo, Jorge Macri había cuestionado públicamente la decisión y anunciado que instruyó a Tapia para avanzar contra la magistrada.

Fuente: TN.