Violencia juvenil: qué hay detrás de los últimos hechos y por qué tres especialistas sanjuaninos ponen el foco en la prevención

En menos de dos semanas, San Juan fue escenario de episodios de violencia que tuvieron como protagonistas a jóvenes que terminaron con graves consecuencias: el 13 de septiembre, Gonzalo Quinteros, de 19 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego en un domicilio de la Villa 1° de Mayo. El 17 del corriente mes, un adolescente de 17 años agredió con una punta casera, fabricada con un hierro, a otro de 16 en el Instituto de Menores Nazario Benavídez, provocándole heridas en el tórax, y en el hecho más reciente, Uriel Ríos fue asesinado con un arma blanca durante una fiesta por el Día del Estudiante en Pocito. 

Los casos pusieron sobre la mesa situaciones de violencia que atraviesan los jóvenes en la provincia, en momentos en que el país ya cuenta con el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya adecuación en San Juan fue aprobada por la Cámara de Diputados y que se encuentra vigente. En este contexto, tres especialistas sanjuaninos vinculados al trabajo social, el derecho penal y la criminología analizaron el escenario actual y plantearon distintos interrogantes sobre la respuesta del Estado, las condiciones para aplicar el nuevo régimen y, especialmente, las herramientas de prevención. 

La violencia arranca más temprano 

Betiana Quiroga, licenciada en Trabajo Social y quien además forma parte de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, asegura que los hechos que involucran a los jóvenes no pueden analizarse unicamente desde lo que sucede durante esa etapa de la vida. “Se viene viendo una escalada de violencias en las formas, que arranca más temprano. Los adolescentes están mostrando el síntoma de la falta de políticas con mirada integral hacia la infancia y la adolescencia", señalo. 

La profesional planteó que la adolescencia constituye una etapa especialmente sensible y que las dificultades que atraviesan los jóvenes deben ser abordades antes de que lleguen a situaciones de conflicto con la ley penal. "Es bastante doloroso ver los resultados de la falta de políticas de integración porque estamos perdiendo chicos", sostuvo.

También hizo referencia a la falta de espacios de participación y contención en distintos sectores de la provincia. Mencionó la importancia que anteriormente tenían los clubes y ámbitos comunitarios como espacio de encuentro. "Hay una crisis de vacíos hacia lo humano y lo comunitario. Antes muchos chicos se encontraban en las uniones vecinales o clubes de barrio donde se realizaban diferentes actividades para brindar un espacio de partipación, sentido y defensa para ellos. Hoy en día no se vé", afirmó. 

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En ese escenario, consideró que las desigualdades sociales y económicas también forman parte del problema. Según explicó, mientras algunos jóvenes tienen acceso a clubes, actividades deportivas u otros espacios de formación, esa posibilidad no está disponible de la misma manera para todos. "Sí vemos un factor social, económico y político que está fallando para quiénes no tienen ese espacio necesario. Hay chicos que directamente no pueden ir a la escuela, no cuentan con controles sanitarios básicos y mucho menos la contención familiar". 

Respecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, Quiroga consideró que una respuesta centrada exclusivamente en lo punitivo no alcanza para modificar las condiciones que originan los conflictos. “Desde la infancia, si llegamos solamente con una mirada punitivista, no vamos a gestionar los conflictos, porque vamos a crear lugares o cárceles para encerrarlos, pero no vamos a terminar de resolver nada”, explicó.

La trabajadora social también señaló que muchos jóvenes que ingresan en conflicto con la ley penal presentan trayectorias atravesadas por dificultades educativas y familiares. Por eso, reclamó mayor presencia territorial y dispositivos destinados a la prevención. "En los barrios más populares se puede ver la poca cantidad de unidades vecinales que hay, en algunos casos los clubes de barrio carecen para fomentar el deporte. Ahí tenemos que promover derechos y una mirada más integral", sostuvo. 

El derecho penal llega cuando el hecho trágico ya ocurrió

Marcelo Montaño, abogado penalista con perspectiva social, centró su análisis en los límites que tiene el sistema penal para abordar la violencia juvenil. Para él, existe el riesgo de instalar la idea de que una modificación de las sanciones o de la edad de responsabilidad penal pueda resolver por sí misma un problema de características sociales mucho más amplias. "Nos hacen creer que bajando la edad de imputabilidad la violencia se va a erradicar y va a terminar, pero es poco probable que esto suceda", afirmó. 

Montaño sostuvo que no puede ser considerado una herramienta suficiente de prevención. "El derecho penal siempre llega tarde, cuando el hecho trágico ya ocurrió y cuando la muerte es irreparable". Otro de los puntos señalados son las consecuencias que puede tener el encierro durante una etapa en la que todavía se encuentran en desarrollo. “Toda institucionalización temprana va a producir a la larga un deterioro evolutivo que es irrecuperable para el adolescente”, sostuvo.

Según su análisis, el encierro sin dispositivos adecuados de tratamiento, acompañamiento y reinserción puede profundizar las dificultades que llevaron al adolescente a entrar en conflicto con la ley. "Un adolescente que está en desarrollo, formando su personalidad y es privado de su libertad en un entorno donde no hay contención, no hay tratamiento real, el Estado no lo está rehabilitando, sino que lo está etiquetando", explicó. 

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Montaño también puso el foco en las condiciones que existen en la provincia para implementar el nuevo régimen. En ese sentido, señaló que la infraestructura disponible representa uno de los aspectos que deben ser considerados. "San Juan no cuenta con un establecimiento edilicio especializado ni adecuado para laojar a los menores en el marco de este régimen", afirmó. 

Para el abogado, en coincidencia con la trabajadora social, la prevención debería comenzar antes de la intervención penal y tener presencia directa en los barrios. "Si se quiere realmente evitar las tragedias, lo que se debe hacer es caminar los barrios, tiene que haber una detección temprana en esos sectores más marginados, donde haya un abordaje serio y donde haya presencia de instituciones comunitarias para esos jóvenes que realmente necesitan ser acompañados". señalo. 

En esa línea, también destacó la importancia de que la justicia restaurativa no quede limitada a una herramienta prevista en la normativa, sino que pueda contar con equipos para funcionar. “Lo que hay que generar es una serie de dispositivos interdisciplinarios donde el adolescente entienda el dolor que causó, asuma la responsabilidad frente a la víctima y se comprometa a reintegrarse a la sociedad”, sostuvo.

No se puede dejar de ver que hay un adolescente detrás del sujeto de castigo

Pablo Liguitti, licenciado en Trabajo Social, docente y especializado en Criminología, planteó su análisis desde la sociología del castigo y puso especial atención en como se implementará institucionalmente el nuevo régimen. Para el especialista, uno de los principales interrogantes aparece en torno a la capacidad que tendrá la provincia para afrontar un eventual incremento de adolescentes sometidos a medidas penales. "Si vamos a bajar la responsabilidad penal de los más jóvenes, tenemos que pensar que tiene que haber un rediseño de la arquitectura institucional de la provincia para albergar muchas más personas", explicó. 

Linguitti cuestionó el concepto de equiparar las conductas de los adolescentes con la de los adultos y, a partir de allí, aplicar respuestas similares. Según señaló, los sistemas juveniles deberían contemplar mecanismos específicos y especializados. "La Justicia tiene que ser especializada y buscar medidas alternativas en relación al encierro de los jóvenes". sostuvo. 

Otro aspecto que marcó como relevante es la ejecución de las medidas privativas de libertad. En particular, señaló diferencias vinculadas al régimen de progresividad que existe para las personas adultas privadas de su libertad. “Si los delitos son de adulto y la pena es de adulto, entonces démosle lo mismo a los pibes de gozar del derecho a la progresividad de la pena”, planteó.

El trabajador social consideró que la discusión debería trasladarse al territorio y a la capacidad del Estado para detectar tempranamente situaciones de vulnerabilidad, consumo problemático, dificultades de salud mental y problemas vinculados con la trayectoria educativa. En ese sentido, Liguitti sostuvo que el adolescente que entra en conflicto con la ley penal no debería ser analizado únicamente desde el hecho cometido, sino también desde las circunstancias sociales que atraviesan su trayectoria.

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Para Liguitti, el debate tampoco puede separarse de las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En ese punto, señaló una contradicción entre ampliar las respuestas penales y reducir recursos destinados a políticas sociales. “Si nuestra única respuesta es penal, solo estamos pensando en castigo y vamos a llegar después de que las cosas ocurran. No se puede dejar de ver que hay un adolescente detrás del sujeto de castigo”, finalizó.