2026-10-06

Resonante caso

Tras un picoteo judicial, la familia de una nena jujeña abusada pidió que la causa se tramite en San Juan y un juez dio el OK

La medida es atípica porque, en la mayoría de los casos similares, los expedientes tienen curso en la residencia de la víctima, en este caso, en Jujuy. Un juez de Garantías solicitó a los padres de la menor una opinión e hizo valer esa postura para definir dónde se investigará la causa.

El juez de Garantías, Guillermo Adarves, tomó una decisión atípica en el marco de una causa en la que se investiga un abuso sexual cometido en San Juan contra una nena jujeña. A diferencia de casos similares donde se ha priorizado el lugar de residencia y el arraigo de la víctima, en este caso en Jujuy, el magistrado decidió que la familia de la menor diera su opinión para conocer dónde creen ellos que es más conveniente para la víctima. Bajo ese escenario, los padres de la joven presuntamente abusada indicaron que San Juan sería el lugar apropiado, por lo que el juez optó por aceptar la competencia y definir que el expediente, que se tramita bajo la UFI ANIVI, avance en San Juan y no en la provincia del Norte. Un dato no menor es que el imputado cuenta con dos causas más en trámite en la justicia sanjuanina, entre las que se encuentra otra causa de abuso sexual, al parecer cometido contra su expareja.

A mediados de septiembre, el juez de Garantías, Guillermo Adarvez había dispuesto suspender una audiencia por la falta de presencia del imputado.

 

El llamativo caso que generó una disputa entre San Juan y Jujuy por el trámite de una causa de abuso sexual contra una menor trascendió a mediados del mes pasado cuando, dentro del sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia con el objetivo de que se declare la incompetencia de la Justicia sanjuanina, audiencia que quedó trunca porque el imputado no se presentó, aunque sí lo hizo su abogada.

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Sobre el hecho, había trascendido en su momento que se trató de un episodio que habría ocurrido a fines del año pasado cuando la menor, junto a su familia, llegó a San Juan desde Jujuy para pasar las fiestas. En ese momento, con 16 años (hoy tiene 17), se alojó en el domicilio del imputado, un pariente, porque, al parecer, tiene hijas de una edad similar y en ese lugar habría ocurrido el hecho ahora investigado. Luego de unos días, la familia regresó a Jujuy, donde viven, y fue en ese lugar donde la menor denunció que fue abusada por su pariente.

Con la denuncia, la justicia jujeña realizó medidas como tomar una declaración videograbada a la menor y disponer una restricción de acercamiento contra el imputado, lo que fue notificado a la Policía de San Juan. Lo llamativo fue que, tras esas primeras acciones, Jujuy se declaró incompetente, decisión que va en contra de la jurisprudencia que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que indica que debe tenerse en cuenta el “interés superior del niño” y cuál es el “centro de vida del menor”, entre otros puntos, para evitar una revictimización. De hecho, ese fue el planteo original del Ministerio Público al sostener que la causa debía seguir su curso en la provincia del Norte.

Con una nueva audiencia, el juez Adarves solicitó la opinión de los padres de la menor, los que, según trascendió, expresaron su intención de que la causa se tramite en San Juan, postura que pesó en la decisión que tomó el magistrado, quien optó por aceptar que el expediente avance en la provincia. Fuentes oficiales indicaron que no hubo oposición fiscal, con el objetivo de que, finalmente, el caso avance. Lo que resta conocer es qué medidas tomará el Ministerio Público Fiscal, entre las que no se descarta una nueva declaración de la menor y otras medidas de prueba.

Con la causa tramitándose en San Juan, contra el principal implicado C.A.A.R. (se reserva el nombre completo para evitar que la víctima sea identificada) se perfila que avanzará la imputación del delito de abuso sexual con acceso carnal, un crimen que conlleva un castigo de 6 a 15 años de prisión, pero que puede ser aumentado si se comprueba que existió al menos un agravante, como puede ser el de parentesco, y así, se trataría de un castigo que va de 8 a 20 años de prisión.

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