CASO ÁNGELA "LITA" ÁLVAREZ
Redujeron la prisión preventiva de los cuatro detenidos por asesinar a una jubilada y desvalijar su casa en Santa Lucía
La Justicia de San Juan resolvió reducir de 12 a 10 meses la prisión preventiva de los cuatro acusados por el crimen de Ángela “Lita” Álvarez, la jubilada que fue encontrada sin vida en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía. La medida fue adoptada por la jueza de Garantías Ana Lía Larrea luego de analizar un planteo presentado por el defensor oficial Hugo Trigo.
De esta manera, Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera continuarán privados de su libertad mientras avanza la investigación por el delito de robo seguido de muerte. La magistrada hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa y redujo en dos meses el plazo de la medida cautelar, aunque mantuvo la detención de los cuatro imputados.
El planteo había sido realizado mediante un recurso de impugnación, a través del cual Trigo cuestionó el plazo de prisión preventiva que había sido establecido para los acusados. Tras evaluar los argumentos de la defensa, Larrea resolvió modificar el tiempo de la medida, pero consideró que los cuatro sospechosos debían continuar detenidos mientras la Fiscalía profundiza la investigación.
Cabe recordar que la investigación comenzó inicialmente como un robo ocurrido en la vivienda de Álvarez. Sin embargo, el avance de las pericias permitió determinar que la muerte de la jubilada había sido violenta y modificó sustancialmente la hipótesis del caso.
En un primer momento, el avanzado estado de descomposición del cuerpo había dificultado establecer con precisión la causa del fallecimiento. Posteriormente, los estudios histopatológicos determinaron que Álvarez murió como consecuencia de una asfixia por sofocación.
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A partir de esos resultados, la Fiscalía modificó la calificación legal de la causa y los cuatro detenidos pasaron a ser imputados como coautores de robo seguido de muerte, delito contemplado en el artículo 165 del Código Penal, que establece una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
El hecho quedó al descubierto cuando un vecino observó a dos personas intentando retirar una heladera de la vivienda en un carro enganchado a una bicicleta. El hombre logró reducir a Pozo y dio aviso a la Policía.
Cuando los efectivos de la Comisaría 5ª llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de la jubilada junto a su cama. A partir de ese momento comenzó una investigación que, con el avance de las pericias, dejó de centrarse únicamente en el robo y pasó a contemplar la muerte violenta de la mujer.
La causa está en manos de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez.
Con la nueva resolución de la jueza Larrea, los cuatro acusados permanecerán detenidos durante el plazo de 10 meses establecido para la prisión preventiva, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de participación que tuvo cada uno en el robo y en la muerte de Álvarez.