TRANSPORTE PÚBLICO

Los empresarios de colectivos dicen que el sistema es deficitario, y reclaman una reestructura de costos, más allá del aumento del pasaje

Ricardó Salvá, represente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), se expresó antes de la reunión en la Subsecretaría de Trabajo.

El conflicto por el servicio de transporte público de pasajeros en San Juan atraviesa horas decisivas. Tras el paro que mantiene paralizada la circulación de colectivos desde el miércoles, empresarios y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sentaron este jueves a negociar en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial.

Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), sostuvo que las empresas vienen reclamando desde hace meses una instancia de diálogo con el Gobierno para analizar la estructura de costos del sistema. “Hace mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa técnica, venimos pidiendo diálogo y la verdad que no hemos tenido éxito. La situación se volvió insostenible”, afirmó.

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Según explicó, desde ATAP solicitaron formalmente reuniones desde junio. “El 17 de junio pedimos las audiencias, que fueron repetidas también por escrito durante septiembre, porque no queríamos llegar a esta situación”, señaló.

Uno de los principales argumentos de los empresarios está relacionado con la forma en que se financia actualmente el sistema. Salvá aclaró que, desde su perspectiva, “las empresas no están subsidiadas”, sino que el subsidio está dirigido al usuario a través de las compensaciones tarifarias. “El Estado contrata a las empresas para prestar un servicio y le paga por eso, compensaciones tarifarias. Es decir, lo que no paga el usuario, lo paga el Estado”, explicó.

En ese sentido, cuestionó el impacto que tiene para las compañías la cantidad de pasajeros que acceden a distintos beneficios tarifarios. Según sus cálculos, de cada diez pasajeros que utilizan un colectivo, solamente uno abonaría en el momento el boleto completo de $1.300. Salvá sostuvo que otros pasajeros corresponden a estudiantes con boleto subsidiado, personas con discapacidad y usuarios cuyo costo es compensado posteriormente por el Estado.

El empresario aseguró además que una parte de las compensaciones llega a las empresas entre 60 y 70 días después de realizado el viaje, lo que, según planteó, genera un importante desfasaje financiero. “Todo eso provoca en la empresa un desfasaje económico muy grande”, sostuvo.

Salvá afirmó que las empresas acumulan un perjuicio económico que estimó en alrededor de $5.016 millones y aseguró que actualmente deben recurrir a herramientas financieras para sostener su funcionamiento. “Uno puede sostener una situación en déficit durante un tiempo, pero las empresas están funcionando a costa de descubiertos bancarios y solicitudes de crédito”, explicó.

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En ese marco, sostuvo que las compañías afrontan actualmente alrededor de $200 millones mensuales en intereses bancarios y obligaciones vinculadas a planes de pago ante ARCA, según los números que presentó durante la entrevista. 

Además, señaló que desde la última actualización de los costos del transporte hasta la actualidad las empresas necesitarían otros $400 millones para afrontar el incremento de distintos componentes, entre ellos el combustible. “Nosotros no estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial y no estamos en condiciones de seguir pagando el aumento del combustible”, remarcó.

Para ATAP, la salida del conflicto no pasa solamente por la reunión que se desarrolla en la Subsecretaría de Trabajo. Salvá planteó que también debe participar la Secretaría de Transporte, a la que responsabilizó por el incumplimiento de aspectos vinculados al contrato de concesión. “Nosotros hemos pedido que se siente en la mesa de diálogo la Secretaría de Transporte, porque la Secretaría de Transporte es la que está incumpliendo con el contrato de concesión. El problema de fondo está en la Secretaría de Transporte, no está aquí en la Secretaría de Trabajo”, afirmó.

El representante empresario reconoció que las compañías tienen la obligación de pagar los salarios, pero sostuvo que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. “Nosotros tenemos que pagar los salarios, pero no tenemos los recursos para pagar los salarios”, expresó.

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