Frenaron un acuerdo judicial por el presunto autorobo de $10 millones en la cooperativa de 9 de Julio que involucra a tres punteros políticos

La causa por el presunto autorobo de $10 millones en la cooperativa “9 de Julio Avanza” sumó un nuevo capítulo judicial este viernes. Omar Fabián Carrizo, su hijo Iván Carrizo y Cecilia Avendaño, pareja del joven, estaban cerca de acceder a una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation. Sin embargo, un cambio en la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF) obligó a frenar el avance del proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía manifestó su intención de modificar la calificación legal que pesa sobre los tres imputados. Hasta el momento, son investigados por los presuntos delitos de estafa en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia, pero el órgano acusador planteó encuadrar los hechos como hurto simple.

Ante esta situación, el juez de Garantías Javier Figuerola, pidió fundamentar la modificación y resolvió pasar la audiencia a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 14 de octubre.

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La decisión frenó, al menos por el momento, la posibilidad de que los acusados accedan a la probation y eviten llegar a un juicio oral. La continuidad del proceso dependerá de los argumentos que presente el Ministerio Público Fiscal en la próxima audiencia.

Cabe recordar que la investigación se inició en julio del año pasado, cuando Carrizo, quien estaba al frente de la cooperativa y tenía vínculos con la militancia del Partido Justicialista en el departamento, denunció que había sido víctima de un robo.

Según su relato, motochorros le habían arrebatado una mochila que contenía aproximadamente $10 millones. Sin embargo, la hipótesis de un supuesto autorobo comenzó a tomar fuerza durante la investigación judicial, que quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

A partir de las medidas ordenadas por la Justicia, se realizaron allanamientos en los domicilios de los involucrados. De acuerdo con la información de la causa, los investigadores encontraron alrededor de $4 millones en la vivienda de los Carrizo y otros $4 millones en la casa de Cecilia Avendaño.

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Además, el viernes 18 de julio del 2025, el fiscal Miguel Gay encabezó un procedimiento en un estudio jurídico ubicado en la zona de Concepción, en Capital, donde se secuestraron libros de actas pertenecientes a la cooperativa “9 de Julio Avanza”, presidida por Carrizo.

En el marco de la investigación, el juez Figuerola dispuso inicialmente un mes de prisión preventiva para los tres acusados, con el objetivo de evitar posibles entorpecimientos en la investigación. Los imputados permanecieron detenidos desde el 24 de julio del año pasado, aunque días después recuperaron la libertad bajo medidas de coerción.

Entre las condiciones impuestas se encuentran la obligación de presentarse una vez al mes en la Comisaría 11.ª, no entorpecer la investigación y no salir de la provincia de San Juan sin autorización judicial.

Ahora, con la audiencia suspendida y la calificación legal en discusión, la causa volverá a tener un capítulo decisivo el próximo miércoles 14 de octubre, cuando la Fiscalía deberá fundamentar su propuesta ante el juez de Garantías.