TRIBUNALES
Con varias ausencias, arrancó la audiencia de formalización de la causa por el Acueducto Gran Tulum
Esta siesta comenzó la audiencia judicial de formalización en la causa que investiga presuntas irregularidades en Acueducto Gran Tulum. Minutos antes de las 14:30, comenzaron a llegar a Tribunales algunos de los once investigados por la Justicia provincial, entre ellos, el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías utilizadas en la megaobra. Mientras que, no dijeron presente, entre otros, el exgobernador, Sergio Uñac, y el actual diputado nacional, Cristian Andino, quienes están representados en la audiencia por sus abogados.
En tanto, la audiencia es dirigida por la jueza Mónica Lucero, ante la presencia de las diversas partes, en una sala de Tribunales que se encuentra con gran concurrencia. En la previa, los investigados habían solicitado poder conectarse por Zoom para la audiencia, algo que la magistrada decidió rechazar.
Mientras que, al momento de tener la palabra, el fiscal, Sebastián Gómez, adelantó que va pedir el desafuero tanto de Sergio Uñac como de Cristian Andino. En tal sentido, puntualizó en la ausencia de ambos, justificada por temas laborales, aduciendo que hay otras personas presentes que también tenían obligaciones a nivel trabajo. En este contexto, la jueza Lucero dispuso una nueva audiencia para Uñac y Andino, con fecha a definir.
Cabe señalar que, los once convocados para esta audiencia fueron Sergio Uñac, quien se desempeñó como vicegobernador y gobernador de San Juan. Es primo de Gustavo Horacio Monti (empresario ya fallecido) y actualmente ocupa una banca como senador; Cristian Andino — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. Guillermo Sirerol — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. Sergio Ruiz — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del senador Sergio Uñac. Gustavo Mastelono — Presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti. Humberto Caballero — Ex jefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral. Juan Sánchez — Funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto. Julio Andino — Se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023. Francisco Javier Correa — Funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras. Rolando Vicente Caruso — Jefe del Departamento Proyectos de OSSE y Juan Carlos Caparros — Ex presidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.
Uno de los notificados fue Cristian Andino, quien ocupó la conducción de OSSE durante la gestión anterior y actualmente es referente del Partido Justicialista. Su nombre, además, comenzó a ser mencionado dentro del PJ como uno de los posibles candidatos a gobernador para las elecciones de 2027.
Así como Andino suena para candidato a gobernador, Uñac ha encarado una candidatura como presidente de la Nación por el Partido Justicialista (PJ).
Una investigación que comenzó en diciembre
La investigación de la UFI Delitos Especiales comenzó en diciembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, a partir de una serie de publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la megaobra.
Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez llevaron adelante distintas medidas de prueba y solicitaron una extensión del plazo de investigación preliminar, que fue autorizada por la jueza de Garantías Mónica Lucero.
En los primeros días de septiembre, además, la fiscalía realizó allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales empresas proveedoras de caños para el Acueducto Gran Tulum.
Durante esos procedimientos se secuestró documentación y computadoras, elementos que deberán ser sometidos a distintas medidas de análisis y peritajes. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas para la obra y si existieron eventuales sobreprecios.
El antecedente con Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol
La posibilidad de notificar a quienes podrían quedar vinculados a la investigación había comenzado a tomar fuerza luego de que el abogado Nasser Uzair se presentara ante la UFI Delitos Especiales como representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
El profesional había solicitado acceder al expediente y realizar distintas medidas de prueba. Sin embargo, la Justicia rechazó ese pedido al considerar que, en ese momento, Ruiz y Sirerol no habían sido notificados como personas investigadas ni revestían el carácter de parte dentro del expediente.
La situación cambió ahora con las notificaciones realizadas por Fiscalía.
Qué establece el Código Procesal Penal
La posibilidad de comunicar la existencia de una investigación a una persona que podría ser considerada autora de un delito está contemplada en el artículo 338 del Código Procesal Penal de San Juan, dentro de las normas referidas a la investigación previa a la formalización.
Esta instancia permite que el posible involucrado conozca que existe una investigación y pueda ejercer derechos, entre ellos designar un abogado particular o solicitar un defensor público para el control judicial previo a la formalización de la Investigación Penal Preparatoria.
A partir de la notificación, además, las personas involucradas pueden solicitar información al fiscal respecto de los hechos investigados y de las diligencias realizadas o pendientes.
La fiscalía, en tanto, tiene plazo hasta los primeros días de noviembre para definir el futuro de la investigación. Entre las alternativas se encuentra solicitar la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestimar la denuncia o disponer el archivo del expediente.
La denuncia original menciona posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros. Se trata de hipótesis que deberán ser determinadas a partir de las pruebas reunidas durante la investigación y que, hasta el momento, no implican una imputación formal contra las personas notificadas.