Desalojo
Paso clave en el reclamo de la UNSJ por un terreno que le pertenece: la Justicia le pidió a la Policía que verifique si hay niños viviendo en el lugar
Hace poco más de dos meses, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), denunció que un terreno propio, ubicado sobre calle Rastreador Calívar y Costa Canal, antes de Benavídez, en Rivadavia, estaba siendo usurpado. Así, solicitó a la Justicia Federal que se dicte un desalojo contra las personas que, al parecer, se encuentran en el lugar. Tras un trámite inicial de rigor, la Justicia dio un paso clave por el reclamo que inició la casa de altos estudios que puede acelerar el proceso o demorarlo aún más. En un dictamen escueto, el juez Leopoldo Rago Gallo le solicitó a la Policía de San Juan que determine si en el lugar denunciado existen menores viviendo y si estos están en condiciones de vulnerabilidad. Esto es porque, de ser así, se deben tomar medidas previas al desalojo, como comunicar al Ministerio Público de la Defensa, organismo que deberá intervenir en la protección de “los menores de edad e incapaces”, tal como lo indica la ley. La presencia policial deberá constatar lo denunciado por la UNSJ y comunicar si existe algún impedimento.
La situación irregular en el predio universitario fue dada a conocer por 0264Noticias en los primeros días de agosto, luego de que la casa de altos estudios certificara, a través de un escribano, que existen personas que están usurpando el lugar. Se trata de un terreno que tiene unos 23.000 metros cuadrados de extensión y, si bien gran parte del mismo es un baldío, existen estructuras en desuso, en mal estado, al punto del colapso, con el peligro que eso implica si hay personas viviendo en el lugar. Si bien en un principio se denunció que la ubicación es en Chimbas, los registros oficiales aportados en el expediente, señalaron que el lugar correcto es Rivadavia y que, efectivamente, es de propiedad de la Universidad Nacional de San Juan, por lo menos desde el año 1977.
Lo llamativo del caso, es que la casa de altos estudios tomó conocimiento de la presunta usurpación luego de que vecinos de la zona hicieran la denuncia ante las autoridades porque la situación ha generado preocupación en el barrio. Según se denunció en su momento, hay personas que habitan el lugar y que “causan muchos problemas, roban y cometen ilícitos, desde hace un tiempo”. Eso no es lo único, ya que el escribano pudo constatar que en uno de los lugares de ingreso, por calle Rastreador Calívar, existe un portón donde se ha observado ropa tendida y “personas adentro del mismo en aparente estado de ocupación”. Además, al parecer, también en el lugar funciona un lavadero.
Lo primero que pidió la Justicia Federal es que la UNSJ acredite que es la titular del inmueble, lo que finalmente sucedió a fines de agosto. Además, el juez que interviene en la causa, Leopoldo Rago Gallo, le indicó a la casa de altos estudios que los presuntos ocupantes deben ser individualizados y que se debe confirmar que fueron intimados a desalojar el inmueble.
Es que el juez explicó que, primero y tal como lo indica la ley, se deben “resguardar los derechos de las personas menores de edad que pudieran resultar afectadas”, por lo que se debe determinar si existen niños en el lugar para “asegurar la protección de sus derechos constitucionales”.
Bajo ese concepto, el magistrado dispuso que, previo a resolver el pedido de desalojo, se realice una “constatación policial del inmueble”, por lo que determinó que se debe librar un oficio a la Policía de San Juan “para que individualice a sus habitantes y grupos familiares, consigne especialmente si residen niños, niñas o adolescentes -indicando identidad, edad y adultos responsables- e informe las condiciones habitacionales, situaciones de vulnerabilidad y riesgos ostensibles”.
Así, “de constatarse la residencia de menores, comuníquese el resultado al Ministerio Público de la Defensa con competencia en su protección” y se dé “su correspondiente intervención en el presente juicio”.
Fuentes judiciales confirmaron que la decisión judicial se dictó este miércoles por la mañana, por lo que la intervención policial puede demorar algunos días.
Un punto no menor del caso es que la UNSJ realizó un relevamiento preliminar en el que constató que las estructuras que se encuentran en el terreno están en mal estado, “a punto de colapsar”, por lo que desde la Dirección General de Construcciones Universitarias recomendaron “la demolición total”. Así, la casa de altos estudios tiene esa acción como objetivo, por lo que primero debe desalojar a los presuntos moradores y por eso presentó una acción en la Justicia. La medida llegó al fuero federal, ya que se trata de un terreno del cual el Estado Nacional, a través de la UNSJ, es propietario.
De esa manera, en el expediente se expuso que “la conducta descripta configura una intrusión ilegítima sobre bienes pertenecientes a una entidad nacional, afectando no solo el derecho de propiedad y posesión de la Universidad, sino además el normal cumplimiento de sus fines institucionales y la integridad de bienes públicos afectados al interés general”.