Anses pagó una jubilación, y ahora pide que el beneficiario devuelva $73 millones: doble revés judicial para el organismo nacional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) insiste en que un jubilado le debe, al menos, 73 millones de pesos de haberes mal liquidados. Incluso, si bien existe una demanda civil por el reclamo, la entidad nacional denunció al jubilado por estafa. Ambos procesos se han tramitado en la Justicia Federal y, en instancias recientes y distintas, el beneficiario recibió dos buenas noticias: la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificó que la denuncia debe ser archivada y, a su vez, un juez federal local rechazó el planteo que hizo ANSES con el objetivo de recuperar la abultada cifra. El monto original fue de unos 14 millones de pesos, pero actualizados a un valor del año pasado, según la entidad nacional, alcanzan los 73 millones de pesos. El fallo de la Cámara de la vecina provincia trascendió ayer, mientras que el civil se dictó en julio pasado, pero este último fue apelado por ANSES, por lo que será la instancia de Mendoza la que deberá definir si se debe mantener el rechazo de la acción civil o no.

Se trata de un caso extraño dado que, normalmente, son las personas las que realizan un trámite ante la ANSES y las que inician un juicio para obtener la liquidación de haberes que corresponde. Tradicionalmente, las demandas de los jubilados contra la entidad nacional se dan por un reclamo de la actualización de los montos o el reajuste de sus haberes previsionales debido a liquidaciones indebidas o pérdida del poder adquisitivo. En este caso en particular, si bien el jubilado inició el trámite correspondiente, fue finalmente demandado por la ANSES, que ahora busca que el beneficiario le reintegre lo que entiende fueron haberes mal liquidados por una suma actualizada de casi 73 millones de pesos. Eso no fue lo único, ya que, además, fue denunciado por estafa.

Según trascendió y pudo conocer este medio, la causa penal tuvo una resolución, al parecer final, este jueves a favor del jubilado. Es que la Cámara de Apelaciones de Mendoza, en un fallo dividido, resolvió rechazar la queja que plantearon los abogados de ANSES y, por ende, confirmó una sentencia de primera instancia en la que se dispuso el archivo de la causa por estafa.

Dicho expediente, según se pudo constatar, ha tenido una innumerable cantidad de etapas, con una primera que se inició en abril de 2022, cuando ANSES denunció a Alfredo Raúl Lozano por “estafa procesal” por 14.023.321,06 pesos. En ese reclamo, la entidad nacional entendió que el jubilado, a través de su abogada, “desplegó maniobras fraudulentas para hacer inducir en error al juez previsional”, ya que, básicamente, al iniciar el trámite para recibir una pensión por invalidez, el beneficiario plasmó valores mensuales de haberes para los meses de 1991 y los primeros de 1994, montos altos que, según ANSES, no corresponden. A modo de ejemplo, dijo que para cada mes se indicaron valores de sueldo anualizados, lo que, según la entidad nacional, hizo que el monto del haber final se haya disparado, ocasionando un perjuicio económico.

El juez Leopoldo Rago Gallo archivó la causa un mes más tarde, lo que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mendoza en diciembre de ese año. Pero, en marzo de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al pedido de ANSES y ordenó el desarchivo y apartó a Rago Gallo del expediente. Luego, en septiembre de 2023, un nuevo juez archivó la denuncia por falta de avance en la investigación, lo que fue informado al Ministerio Público, pero no a la ANSES porque no era parte de la causa. La entidad nacional se enteró del archivo de la denuncia penal medio año después, en 2024, pero, llamativamente, no fue hasta noviembre de 2025 que presentó un recurso de apelación contra el archivo, lo que fue rechazado por el juez de primera instancia por extemporáneo y ahora nuevamente rechazado por la Cámara de Apelaciones, en un fallo dividido. Mientras los jueces Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Pizarro dispusieron confirmar el archivo, Juan Ignacio Pérez Curci dijo lo contrario. Este último dijo que ANSES es víctima y debió ser notificada inmediatamente y debe ser escuchada.

En la instancia civil, la decisión a favor del beneficiario también la dictó Rago Gallo. El planteo de la entidad nacional fue para que se realizara una “revisión integral de las liquidaciones practicadas, así como el reintegro de las sumas que considera indebidamente percibidas, acompañando un cálculo de los importes cuyo recupero pretende”, las cuales ascienden a 72.929.778,21 pesos. Eso fue rechazado por “extemporáneo” (ANSES lo presentó tarde), por lo que las liquidaciones presentadas por Lozano, a través de su abogada, fueron tomadas como válidas.

La entidad nacional intentó revertir esa decisión con el fallo de la causa penal porque, si bien los jueces archivaron la causa, indicaron que lo hicieron “sin adentrarnos en el análisis técnico de las liquidaciones practicadas en la causa por actualización de haberes, los posibles errores que las mismas puedan contener...”. Rago Gallo sostuvo que no hubo nada nuevo en el expediente y volvió a dictar un rechazo contra ANSES y a favor del jubilado.

Ahora la causa civil fue apelada, presentación que fue aceptada en septiembre pasado, por lo que el expediente se ha remitido a la Cámara de Apelaciones de Mendoza y serán los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Manuel Alberto Pizarro y Sebastián Guillermo Soneira los que deberán indicar si la decisión del juez sanjuanino está bien o si ANSES tiene razón.