PODER LEGISLATIVO
Diputados: La Libertad Avanza tuvo que restituir Ley de Tierras y los extranjeros volverán a tener límites
Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno.
Fue convalidada por 124 votos a favor, 119 rechazos y seis abstenciones.
Para conseguirlo, los libertarios debieron aceptar modificaciones al texto original: la preservación de la ley de tierras de 2011, impulsada por el kirchnerismo, que el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía derogar. Como Diputados introdujo cambios, el proyecto volverá a la Cámara de origen para su ratificación definitiva.
La iniciativa ya había sufrido un recorte significativo durante su paso por el Senado, donde se eliminó el capítulo sobre utilización de tierras para la producción tras incendios.
El texto actual endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública y establece el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advierte que encarecerá las expropiaciones.
El proyecto también busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora modificaciones para modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.
Uno de los principales retrocesos del Gobierno quedó expuesto en la preservación de la ley de tierras, que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros y cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/2023. Tras una serie de cuestionamientos judiciales y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el decreto, que contiene otras reformas de peso, el oficialismo terminó por incorporar la protección de esa norma al proyecto.
“Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”, argumentó Pamela Verasay (UCR) para acompañar el proyecto.
La discusión dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance del derecho de propiedad y las facultades del Estado para intervenir sobre bienes privados.
Desde La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, sostuvo. También reivindicó la agilización de los desalojos para restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y advirtió que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
En la oposición, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original del Gobierno de derogar las leyes de tierras, manejo del fuego e integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro [Federico] Sturzenegger”, afirmó. Atribuyó el retroceso oficialista a los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero fundamentalmente a la presión social.
Las críticas también apuntaron al encarecimiento de las expropiaciones. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), advirtió que la reforma elevará los costos que debe afrontar el Estado y sostuvo que la preservación de la Ley de Tierras fue resultado de la movilización social. “No es porque ninguno de ustedes se puso a estudiar y reconsiderar”, lanzó hacia las bancas libertarias.
En la misma línea, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria (UP), cuestionó la incorporación del lucro cesante a las indemnizaciones por expropiación. Según planteó, la reforma busca encarecer eventuales expropiaciones para proteger a las empresas que se privaticen frente a futuras decisiones del Congreso de recuperarlas por razones de interés público. Como ejemplo, mencionó el caso de YPF.
Tras esta primera votación, la sesión continua con el debate sobre discapacidad.