El oficialismo reclamó la vuelta a comisión del proyecto de morosidad y levantó la sesión

“Son las 3 de la mañana y todo el conjunto del Congreso se presta a esta farsa. Podemos recurrir al camino que alumbró una sana señal como en Discapacidad”, había advertido el legislador.

Con el debate ya avanzado, crecían las sospechas sobre los movimientos del oficialismo para evitar una derrota en el recinto. La tensión se hizo aún más evidente cuando la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau denunció un presunto toma y daca entre emisarios del Gobierno y legisladores.

“Me preocupa que a esta hora haya funcionarios del Gobierno que además de estar dando vueltas, estén llamando a diputados para decirles qué necesitan para que no se rechace el dictamen del oficialismo sobre el endeudamiento”, arremetió la legisladora de UP.

Las críticas de los bloques opositores se intensificaron tras el levantamiento de la sesión. Uno de los más duros fue el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien acusó de “embusteros” a los libertarios por no incluir en la moción de orden el compromiso de fijar una fecha para retomar el debate sobre morosidad y endeudamiento familiar en comisiones.

La cuestión de la morosidad no figuraba entre las prioridades de la agenda parlamentaria del oficialismo. Así quedó reflejado en la intervención de Silvana Giudici, quien, al presentar la moción de orden, dedicó una parte de su discurso a celebrar la aprobación del resto de las iniciativas impulsadas por el Gobierno durante una sesión maratónica que se extendió por más de 15 horas.

Una vez más, el accionar del diputados córdobeses que reportan a Llaryora resultó determinante. Es que las cinco abstenciones de Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, le dieron aire al oficialismo que logró así conseguir los 121 votos. El único que se desmarcó del espacio que comanda Gisela Scaglia fue Juan Fernando Brügge.

El accionar de los cordobeses suscitó todo tipo de cruces por parte de algunos legisladores de UP, sobre todo después de que estos deslizaran que votarían en contra del dictamen oficialista.

La propuesta de LLA, que había obtenido en comisiones el dictamen de mayoría no apuntaba a dar respuesta a la situación más urgente, sino que ponía el foco en la prevención.

Incorporaba capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente. Asimismo, establecía a su vez el derecho a la portabilidad a fines de que cada usuario de una operación pueda “solicitar su sustitución por una nueva financiación ofrecida y voluntariamente aprobada por otro proveedor”.

En tanto, la contrapropuesta de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica planteaba una emergencia por 180 días, durante la cual se contemplaba un “plan de alivio” que preveía la reestructuración de las deudas mediante cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos.

Incorporaba además la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingreseran al régimen por mora, con un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia, gratuidad y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades.

Entre las medidas de protección, estipulaba la suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos sobre las obligaciones comprendidas.