Diputados aprobó la modificación de una ley para subastar vehículos que se encuentran en depósitos judiciales de la provincia

En la sesión de la Cámara de Diputados de San Juan de este jueves, se aprobó la modificación de un nuevo capítulo, que suma cuatro artículos, a la ley 1810 A de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas, conocida comumente como 'ley de chatarra'. Es la que permitirá al Ejecutivo provincial subastar vehículos que se encuentren en depósitos judiciales en condiciones de seguir circulando, o como autopartes, de acuerdo a los informes especiales de cada rodado.

Cabe señalar que, se incluye en la nueva modificación motos, autos y camionetas. Tales movilidades tienen abarrotado el Depósito Judicial de 9 de Julio, por lo que la medida apunta a descomprimir este predio y otros, buscando obtener recursos, además de que sigue vigente la compactación y transformación de las unidades en cubos de chatarra. 

La ley establece que el Ministerio de Gobierno podrá disponer de la subasta pública de los vehículos que se encuentren en condiciones para su “recuperación funcional”, es decir, que puedan seguir circulando tras algún tipo de arreglo. Incluso, se podrán subastar todas aquellas movilidades que despierten algún interés en la reutilización de alguna de sus partes. Dicho de otro modo, las autopartes.

El mecanismo de la subasta se definirá a través de la reglamentación de la ley, aunque la iniciativa garantiza que haya publicidad, transparencia y la participación de oferentes, sean personas humanas o jurídicas. En tal sentido, la normativa aprobada ahora deberá ser reglamentada por el Ejecutivo, algo que aún no tiene tiempo estipulado de concreción, indicaron fuentes legislativas.

A su vez, los recursos que dejen la subasta de los vehículos y la venta de chatarra tras la compactación se destinará a proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental, ya sea en el ámbito provincial o municipal. También se contempla el uso de los fondos para campañas de concientización y educación ambiental, programas sociales o de asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad. Además, el Ministerio de Gobierno deberá llevar registro y rendición pública anual del destino de los fondos recaudados, para asegurar su trazabilidad y transparencia.