Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y con vínculos en la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al grupo Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión se fundamentó en la existencia de riesgos procesales concretos, según informaron fuentes judiciales citadas por Clarín.

Además, el magistrado dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas en el expediente y convocó por primera vez a otras cinco. También citó a 17 sociedades vinculadas al grupo para que respondan en calidad de personas jurídicas.

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La investigación tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora y se basa en información incorporada al expediente después de las indagatorias realizadas entre mayo y julio de este año. Entre las pruebas mencionadas figuran informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además de documentación secuestrada durante allanamientos realizados en diciembre de 2025.

Según la hipótesis judicial, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 habría funcionado una estructura financiera integrada por distintas sociedades que presuntamente se utilizaba para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. De acuerdo con esa línea de investigación, el dinero habría provenido, entre otras fuentes, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas vigentes.

Los investigadores sostienen que esos fondos habrían circulado a través de cuentas bancarias y de la billetera virtual Sur Finanzas PSP, además de utilizarse para adquirir inmuebles y vehículos mediante pagos en efectivo.

El expediente contempla distintas líneas de investigación, entre ellas una presunta asociación ilícita, el origen de los fondos, su inversión en bienes y sociedades, el movimiento de dinero mediante cuentas de terceros y posibles maniobras de evasión tributaria.

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De acuerdo con el relevamiento judicial, el perjuicio fiscal atribuido a los hechos investigados superaría los $12.700 millones. En tanto, la pretensión total estimada por ARCA, que incluye otros tributos, excedería los $23.000 millones.

Las audiencias comenzaron este viernes. Las personas citadas podrán declarar o abstenerse de hacerlo y tendrán acceso a las pruebas reunidas en su contra. La resolución de su situación procesal se adoptará después de recibir las declaraciones correspondientes.