Conflicto interno en el Consejo de Martilleros: denunciaron al presidente por falta de rendición de cuentas y una jueza frizó la lista de habilitados

La entidad que nuclea a los martilleros públicos y corredores de la provincia se encuentra sumergida en un conflicto interno que derivó, inicialmente, en un reclamo judicial. Un grupo de seis profesionales le reclamó al presidente del Consejo Profesional de Martilleros y Corredores de San Juan, Héctor Daniel Molina, que presente los balances contables de los últimos 10 años, que normalice la institución por la falta de asambleas ordinarias y que dé un paso al costado para que se produzca una renovación de autoridades. Dicho pedido se hizo efectivo en una demanda civil contra Molina que fue presentada en el Juzgado Nº 11 que comanda Amanda Díaz, y por esa presentación la magistrada dispuso una serie de medidas que incluyeron el secuestro de documentación del Consejo y, preliminarmente, una medida de no innovar en el estado de la matrícula y las habilitaciones, esto es, que por el momento no se altere el listado actual de profesionales que pertenecen a la entidad. Es un paso no menor, porque lo que se busca es que, mientras se tramita la causa civil, no existan represalias de la cúpula del Consejo contra los profesionales que hicieron la denuncia. Fuentes oficiales confirmaron que, tras la denuncia, Molina presentó parte de la documentación, la que ahora se encuentra a disposición de la jueza para su evaluación. También, mientras tanto, se pidió la intervención judicial del Consejo, planteo que fue rechazado porque, según la ley que rige a la entidad, dicha medida está en manos del Ejecutivo.

El Consejo de Martilleros Públicos y Corredores de San Juan es una entidad histórica que se creó por ley en 1973. Los profesionales que pertenecen a dicha entidad son aquellos que están a cargo de las subastas, llevan adelante la verificación de bienes y también actúan como oficiales de justicia en procesos de quiebra y remate de bienes. Es común en las intervenciones judiciales en las que se resuelve el remate de un inmueble que ese proceso sea realizado por un martillero público y también en los remates, por ejemplo, de movilidades que tradicionalmente lleva adelante la Caja de Acción Social. Según la web oficial del Consejo, actualmente en la provincia hay 41 matriculados habilitados. Por sus tareas, los martilleros cobran un arancel que está fijado por ley y representa un porcentaje que va del 1,5 % al 10 % de la tasación o remate que realicen.

La denuncia contra Molina fue presentada por Gustavo Federico Sommo, Eduardo Barbano, María Clara Carrizo, Mariela Cruz, Gustavo Mauricio Turell y Juan Pablo Arabel Trucco, todos con la representación legal de Roberto Pelegrina. La demanda fue interpuesta en agosto pasado, pero no fue hasta la semana pasada cuando la jueza Amanda Díaz emitió una resolución preliminar en la que pidió, ante la falta de respuesta de Molina, que se secuestre la documentación de la sede central del Consejo.

Fuentes vinculadas indicaron que las oficinas de la entidad fueron allanadas, pero que no se encontró la documentación y que, sorpresivamente, Molina se hizo presente en el Juzgado con una caja con material. Incluso, por la demora en la presentación de la documentación requerida, la jueza Díaz le aplicó una multa de 50 mil pesos por cada día de incumplimiento de la orden judicial.

Consultado sobre el conflicto, Pelegrina confirmó la demanda contra Molina e indicó que sus representados han denunciado una serie de irregularidades que van desde la falta de rendición de cuentas del Consejo durante por lo menos los últimos 10 años, la falta de convocatoria a asambleas ordinarias de 2019 a la fecha y la falta de aporte de documentación oficial de la entidad solicitada por carta documento.

Pero eso no es lo único, ya que el abogado confirmó que un punto sensible de la demanda es que hay matriculados que denunciaron haber transferido el valor de la matrícula a la cuenta bancaria personal de Molina porque fue el propio presidente del Consejo quien aportó ese CBU como si fuese del Consejo.

Fuentes calificadas indicaron que el valor anual de la matrícula ronda los 700 mil pesos. Además, trascendió que, al parecer, Molina les reclama a los nuevos martilleros que buscan la habilitación para ejercer la profesión hasta 10 millones de pesos para tener la matrícula, monto que también se transfiere a su cuenta personal. Este medio intentó comunicarse con Molina, pero no respondió los llamados ni los mensajes.

Sobre los últimos hechos ocurridos, la jueza Díaz emitió una resolución en la que dispuso una medida cautelar que frenó la lista de profesionales habilitados dentro del Consejo. Según se pudo conocer, lo hizo porque consideró que se había producido un “cumplimiento parcial y extemporáneo de la medida judicial dispuesta anteriormente (diligencia preliminar) por parte del Sr. Molina, lo que demuestra una conducta reticente frente a las órdenes de la autoridad, y ante el peligro que implica tal actitud frente al resto de los matriculados al momento de hacer valer sus derechos profesionales”.

Un tema central es que los seis profesionales que demandaron a Molina habían solicitado una intervención judicial del Consejo Profesional, esto es, que la jueza designe a una nueva autoridad para que esta normalice la institución y llame a elecciones. Ese planteo fue rechazado. Esto se debe a que la ley que regula a dichos profesionales indica en su artículo 91 que “el Poder Ejecutivo intervendrá al Consejo Profesional cuando no se cumpla con sus fines, o se transgredan las normas legales o estatutarias que rigen la organización y funcionamiento, o por acefalía del Directorio. El Interventor debe convocar a elecciones de nuevo Directorio dentro de los sesenta días de asumir su cargo”. Así, hay quienes entienden que, si las irregularidades denunciadas son constatadas, un camino posible es la intervención.