TRIBUNALES

La jueza aceptó el planteo de nulidad y la causa Acueducto Gran Tulum se retrotrae a la previa de las imputaciones

La magistrada Mónica Lucero avaló el pedido de una de de las defensas para que Impugnación sea el tribunal que define si ella debe continuar o no al frente del proceso.

La causa Acueducto Gran Tulum tuvo esta jornada una nueva audiencia en la Sala 9 de Tribunales. En ese sentido, la jueza de Garantías, Mónica Lucero, decidió aceptar el planteo de nulidad elevado por parte de una de las defensas de los once investigados sobre la recusación contra ella. Por eso, ahora el tribunal de Impugnación será el encargado de definir el futuro de la magistrada al frente del proceso.

De esta manera, la causa de retrotrae a lo actuado hasta el 13 de octubre, es decir, dejando de lado las imputaciones que había realizado en la pasada audiencia Fiscalía contra los 11 investigados, quienes están en la mira judicial por presuntas irregularidades en la mega obra.

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Cabe mencionar que, el planteo de nulidad fue realizado por la defensa de los investigados Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, aduciendo que la jueza rechazó por decisión propia la recusación. La misma se hizo en la previa del proceso debido a un vínculo que Lucero tendría con un exfundionario de OSSE. Se recuerda que es la repartición donde Ruiz y Sirerol ocuparon el cargo de presidentes en diversos periodos.

En el planteo de la defensa, la magistrada debió darle curso al pedido para que Impugnación decidiera si ella debía o no continuar al frente de la causa, algo que no pasó, según los abogados. Por eso, ahora se dará esa instancia, con la implicancia que las imputaciones quedaron, por el momento, en la nada.

A continuación, el detalle de lo resuelto por la jueza esta jornada:

•    Hacer lugar parcialmente al pedido de nulidad y declarar nulos los actos cumplidos desde el 13 de octubre de 2026.
•    Corregir la omisión (lo que la ley llama “saneamiento”) cumpliendo ahora el trámite de recusación previsto en el Código Procesal Penal.
•    Enviar de inmediato al Tribunal de Impugnación el escrito de recusación, su respuesta del 13 de octubre y los antecedentes, para que ese tribunal decida si ella sigue o no en la causa.
•    Informar, a través de la Oficina Judicial, al juez que la reemplazaría en caso de apartamiento (el juez que sigue en el orden de subrogancia), para que sepa que hay una recusación en trámite.
•    Dejar constancia de que el planteo se debatió en audiencia, con intervención de todas las partes.
•    Aclarar que los planteos de las defensas no suspenden por sí mismos el trámite de la causa, sin perjuicio de las reglas propias de la recusación y de lo que resuelva el Tribunal de Impugnación.

Cabe señalar que, los once investigados por la Justicia provincial en el proceso son Sergio Uñac, quien se desempeñó como vicegobernador y gobernador de San Juan. Es primo de Gustavo Horacio Monti (empresario ya fallecido) y actualmente ocupa una banca como senador; Cristian Andino — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015. Actualmente es diputado nacional. Guillermo Sirerol — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023. Sergio Ruiz — Ex presidente de OSSE entre diciembre de 2015 y febrero de 2019. Actualmente se desempeña como asesor del senador Sergio Uñac. Gustavo Mastelono — Presidente y representante de Krah América Latina S.A., firma adjudicataria de la obra, que tenía como representante en San Juan a Gustavo Horacio Monti. Humberto Caballero — Ex jefe del Departamento Jurídico de OSSE. Actualmente es juez laboral. Juan Sánchez — Funcionario de OSSE vinculado a la implementación del proyecto del Acueducto. Julio Ortiz Andino — Se desempeñó como ministro de Infraestructura de San Juan entre 2015 y 2023. Francisco Javier Correa — Funcionario de OSSE, auditor técnico de la repartición y gerente de Obras. Rolando Vicente Caruso — Jefe del Departamento Proyectos de OSSE y Juan Carlos Caparros — Ex presidente de OSSE entre febrero y diciembre de 2019.

La investigación de la UFI Delitos Especiales comenzó en diciembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, a partir de una serie de publicaciones periodísticas del diario Tiempo de San Juan, sobre presuntas irregularidades en la megaobra.

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Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez llevaron adelante distintas medidas de prueba y solicitaron una extensión del plazo de investigación preliminar, que fue autorizada por la jueza de Garantías Mónica Lucero.

En los primeros días de septiembre, además, la fiscalía realizó allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales empresas proveedoras de caños para el Acueducto Gran Tulum. Durante esos procedimientos se secuestró documentación y computadoras, elementos que deberán ser sometidos a distintas medidas de análisis y peritajes. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas para la obra y si existieron eventuales sobreprecios.

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