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Un empresario mendocino y su padre prometieron pagar honorarios a dos abogados sanjuaninos con un terreno en Barreal, pero lo vendieron y terminaron embargados por $40 millones
Un empresario mendocino y su padre quedaron procesados y embargados por una causa que tiene como origen un acuerdo de pago de honorarios profesionales con tierras en San Juan. Ambos habían comprometido la entrega de cuatro hectáreas de un campo ubicado en Barreal a dos abogados sanjuaninos, pero el terreno completo fue vendido antes de que se concretara la transferencia a nombre de los profesionales.
La resolución judicial, que fue publicada por el medio mendocino Mendoza Post, alcanza al empresario y licenciado en Administración Germán Campoy Rosenthal y a su padre, el abogado Manuel Andrés Campoy. La Justicia sanjuanina dispuso el procesamiento de ambos sin prisión preventiva y ordenó un embargo sobre sus bienes por un mínimo de $40 millones.
La denuncia fue presentada por el abogado sanjuanino Jorge Alberto Guevara y tiene como antecedente un conflicto por los honorarios que también involucró a Gerónimo Guevara March. Según consta en el expediente, los profesionales habían acordado recibir cuatro hectáreas con dotación de riego de la Finca San José, en Barreal, como retribución por sus servicios.
El acuerdo por las cuatro hectáreas en Barreal
La historia comenzó en octubre de 2014, cuando Germán Campoy Rosenthal y su padre contrataron a los abogados sanjuaninos para que los representaran en un conflicto societario con Forestal S.A.
Como parte del convenio, los clientes se comprometieron a entregar cuatro hectáreas de la Finca San José, ubicada en Barreal, si obtenían las tierras que estaban en disputa. El acuerdo contemplaba que los terrenos contaran con dotación de riego.
En 2015, el convenio fue homologado por el Juzgado Comercial Especial. Ese mismo día, Manuel Andrés Campoy habría cedido a su hijo acciones de Forestal S.A. Un mes después, Germán Campoy Rosenthal obtuvo mediante escritura un lote de aproximadamente 193 hectáreas a cambio de acciones de la sociedad.
Recién en octubre de 2017, ambos clientes firmaron un acta de entrega de posesión de las cuatro hectáreas comprometidas. Sin embargo, todavía quedaban pendientes la mensura, la división del terreno y la escritura definitiva a nombre de los abogados.
Vendieron el campo antes de completar la transferencia
El punto central de la denuncia se produjo en octubre de 2019, cuando, según los registros de la Propiedad citados en la resolución, Germán Campoy Rosenthal transfirió la totalidad del lote a una compradora.
De esa manera, las cuatro hectáreas que habían sido comprometidas como pago de honorarios quedaron dentro de un terreno que ya había sido vendido a un tercero.
En diciembre de ese año, los abogados intimaron a sus exclientes para que cumplieran con el convenio. Ante la falta de resolución del conflicto, en febrero de 2020 iniciaron un reclamo judicial por los honorarios y Jorge Alberto Guevara presentó la denuncia penal inicial contra Germán Campoy Rosenthal.
La disputa continuó durante los años siguientes. En 2021, el juzgado comercial rechazó una objeción presentada por los Campoy contra el reclamo de los profesionales. En 2023, Guevara amplió la denuncia y sostuvo que ambos habían cuestionado judicialmente el reclamo sin mencionar que el terreno ya había sido vendido. Por ese motivo, también planteó la posible existencia de una estafa procesal.
En 2024, la Cámara confirmó el rechazo de la objeción en el expediente comercial.
El descargo del empresario y los argumentos de la Justicia
En septiembre de 2025, Germán Campoy Rosenthal declaró ante la Justicia y sostuvo que las cuatro hectáreas funcionaban como una garantía. También argumentó que recién pudo disponer del terreno cuando se completó su inscripción registral y que la venta tuvo como finalidad pagar los honorarios profesionales.
Durante su declaración, aseguró además que en diciembre de 2019 había ofrecido pagar 25.000 dólares a Gerónimo Guevara March, pero que el abogado rechazó la propuesta. Esa versión fue incorporada al expediente como parte de su descargo, aunque la resolución no da por acreditado que el ofrecimiento haya ocurrido.
Su padre, Manuel Andrés Campoy, optó por abstenerse de declarar.
Al analizar los argumentos, el juzgado consideró que el plazo de 180 días previsto para optar por un pago en dinero había comenzado con la escritura de 2014 y que ya se encontraba vencido. También entendió que, cuando los abogados reclamaron el cumplimiento del convenio en diciembre de 2019, el terreno ya había sido transferido a otra persona.
Según el criterio judicial, esa operación impidió que los profesionales pudieran exigir a la compradora el cumplimiento del acuerdo original sobre las cuatro hectáreas.
Procesamiento y embargo por al menos $40 millones
El 6 de noviembre de 2026, el juzgado resolvió procesar sin prisión preventiva a Germán Campoy Rosenthal y Manuel Andrés Campoy por la probable comisión del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.
La Fiscalía había solicitado que ambos fueran investigados por esa figura penal. En cuanto al planteo de estafa procesal formulado durante la investigación, el juzgado consideró que formaba parte de la misma secuencia de hechos y dejó sin efecto esa imputación adicional.
Además, ordenó trabar embargo sobre bienes propios de cada uno de los procesados por un mínimo de $40 millones.
La medida tiene carácter cautelar y busca garantizar eventuales obligaciones económicas derivadas del proceso. El procesamiento, por su parte, representa una valoración judicial provisoria sobre los hechos investigados y la posible participación de los acusados, por lo que no equivale a una condena.