Trascendente sentencia
Para un juez de Cámara, la prioridad de paso la tiene quien circula por la derecha y no por las avenidas, decisión clave en el accidente en que murió Brisa Gallardo
La causa penal por la muerte de Brisa Gallardo, la joven que el 21 de agosto murió por el siniestro vial de Avenida Ignacio de la Roza y Catamarca, tuvo un giro drástico. Al resolver un planteo, el juez de Cámara Maximiliano Blejman afirmó que quien circula por una avenida no tiene la prioridad de paso y así, declaró la inconstitucionalidad del decreto provincial que dice lo contrario. La decisión es clave en la causa en la que está imputado por homicidio culposo Mateo Joaquín Argüello Medawar, el joven que manejaba una camioneta por calle Catamarca y que, al intentar cruzar la avenida, impactó con la moto en la que viajaba Brisa. Con el fallo, el camarista le indicó al Ministerio Público que no puede utilizar el fundamento de que la joven tenía prioridad de paso, por circular por la avenida, para acusar a Medawar, por una simple razón: en San Juan rige la ley provincial que adhirió plenamente a la Ley Nacional de Tránsito, norma que establece que quien tiene prioridad es quien circula por la derecha y no la reglamentación posterior que da prevalencia a las avenidas. Incluso, el magistrado fue claro al expresar en su sentencia que “los conductores en nuestra provincia deben ceder el paso en las encrucijadas a quienes se aproximan desde su derecha, aun en el caso de las avenidas”.
La decisión de Blejman se dictó este miércoles y, según indicaron fuentes calificadas, las partes ya pueden acceder al texto. La discusión en San Juan sobre quién tiene la prioridad de paso en un cruce de calles ha tenido un amplio historial, pero, según pudo conocer 0264Noticias, es la primera vez que un juez de Cámara Penal toma una postura tan definitiva como declarar la inconstitucionalidad de parte del decreto reglamentario que el Ejecutivo publicó en febrero de 2006. Dicha norma indica, en su artículo 41, inciso d, que “el cruce de una semiautopista o avenida con o sin separador de tránsito debe hacerse de a una calzada por vez, careciendo de prioridad en todos los casos el que la atraviesa”. Si bien para el magistrado el debate está zanjado, y ese texto es nulo, todavía resta una instancia central para que quede definido, ya que el Ministerio Público había adelantado que, si recibía un fallo adverso, recurriría a la Corte de Justicia para que se expida sobre la disputa.
En la causa por el accidente donde falleció Brisa Gallardo, quien hizo el planteo de inconstitucionalidad fue el abogado defensor de Mateo Joaquín Argüello Medawar, José Beltrán Bengoa. El letrado había cuestionado que en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria (IPP), la fiscalía haya imputado el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor bajo el fundamento de que existió una “violación del deber de cuidado en la omisión de ceder el paso al atravesar una avenida”, tal como lo establece el decreto provincial. Beltrán se opuso al indicar que San Juan, a través de una ley, adhirió “íntegramente a la Ley Nacional de Tránsito, la cual establece la prioridad de paso por la derecha con carácter absoluto y sin contemplar a las avenidas entre sus excepciones”.
Además, el abogado fue más allá al sostener que en San Juan existe “una circunstancia de gravedad institucional” porque “la determinación de quién goza de prioridad de paso en un cruce entre una avenida y una calle transversal depende del fuero en el que se juzgue el mismo hecho. En el civil, se otorga prioridad a quien circula desde la derecha, mientras que en el fuero penal, el criterio fiscal aplicado conduce a la solución exactamente inversa, con sustento en la validez del mismo decreto”.
En la audiencia donde se expusieron los fundamentos del debate, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, insistió en el peso del decreto provincial al indicar que “la ordenación del tránsito urbano y la fijación de las reglas de circulación terrestre dentro de los límites territoriales de una provincia forman parte inescindible del poder de policía local de seguridad y salubridad”.
Más allá de las posturas de las partes, Blejman fue claro al indicar que “un reglamento carece de potestad para alterar, ampliar o excepcionar el contenido sustantivo de una ley provincial formal. Admitir que el Poder Ejecutivo mediante un decreto pueda modificar el régimen de prioridades prefijado por la Legislatura en la Ley 528-R (que adhirió a la Ley Nacional de Tránsito sin excepciones) implica subvertir la pirámide jurídica que establece la Constitución Nacional y consagrar un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo”. En esa misma línea, dijo que “un acto administrativo de rango infralegal (como un decreto) no puede modificar ni excepcionar lo dispuesto por una ley formal aprobada por el Parlamento”.
También fue categórico al manifestar que “cualquier ciudadano de la provincia de San Juan que pretende obtener el carnet de conducir, debe rendir un examen en EMICAR” y “en dicho organismo exigen el estudio de la Ley Nacional de Tránsito n° 24.449, norma a la cual la provincia está adherida íntegramente mediante la Ley Provincial 528-R” y que establece que la prioridad la tiene quien circula por la derecha. Así, dijo que “claramente el decreto es inconstitucional al disponer una excepción a la regla de prioridad de paso del que circula por la derecha en el supuesto de las avenidas. Los conductores en nuestra provincia deben ceder el paso en las encrucijadas a quienes se aproximan desde su derecha, aun en el caso de las avenidas”, mientras que, si existen excepciones, las mismas “deberán fijarse por Ley de la Cámara de Diputados de San Juan, o bien en cada caso en particular, resolverse a través de la colocación de semáforos o de la cartelería vial respectiva”.
Cabe aclarar que para el caso del siniestro vial en el que Brisa Gallardo perdió la vida, no existe un cartel de Pare o semáforo en la intersección de calle Catamarca e Ignacio de la Roza.
Un punto que aclaró el juez de Cámara es que sostuvo que “lo que se resuelve aquí se limita a la validez de la premisa normativa invocada. No decide la responsabilidad del imputado, no vuelve atípica su conducta y no transforma la prioridad de paso en una protección absoluta para quien la tiene”. Así, dijo que “no encuentro motivo para anular la formalización (contra Argüello Medawar) ni para ordenar que se repita. La formalización es un acto de comunicación del Ministerio Público Fiscal y la calificación jurídica que contiene es provisoria. Basta con declarar inaplicable la norma y dejar que el fiscal, en ejercicio de sus atribuciones, readecue la imputación como lo estime pertinente”.