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La mansión de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presuntas maniobras irregulares de la AFA sea investigada por el juez Rafecas

El máximo tribunal le sacó el caso al juez de Campana Adrián Charvay, una decisión que golpea las pretensiones del sanjuanino Claudio Tapia y Pablo Toviggino, imputados en el expediente. Se busca determinar si la propiedad fue adquirida con fondos desviados del fútbol argentino.

La Corte Suprema de la Nación puso fin a un problema de competencia y resolvió por unanimidad dejar sin efecto un fallo de la Cámara de Casación que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana. En consecuencia, dispuso que la causa donde se investigan supuestas irregularidades en la adquisición de una mansión en Pilar sea remitida al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas. La sentencia lleva las firmas de los tres jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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En el expediente se investiga una presunta maniobra de lavado de activos. En un comienzo, se les atribuyó a Luciana Pantano y Ana Conte haber adquirido, mediante la firma Real Central SRL, un inmueble en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, aparentemente sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la operación.

Con el avance de la investigación, el caso fue adquiriendo mayor complejidad y se incorporaron nuevas personas físicas y jurídicas. La hipótesis incluye la creación de sociedades, transferencias de fondos, compra de vehículos de alta gama e inmuebles, empresas constituidas en distintas jurisdicciones y circuitos financieros internacionales. Según la sospecha, esas operaciones estarían vinculadas con la administración de la AFA y el presunto desvío de fondos.

En ese contexto, el fiscal Mario Villar presentó un recurso ante la Corte Suprema contra la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que había resuelto que el Juzgado Federal de Campana debía continuar con la investigación de las maniobras denunciadas.

Esa resolución había sido adoptada a partir de un planteo de las defensas de los imputados, entre ellos, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La disputa por la competencia

El expediente tuvo distintas radicaciones judiciales. Inicialmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, por decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Más adelante, a pedido de las defensas, el Juzgado Federal de Campana solicitó al fuero penal económico que se declarara incompetente y le remitiera el expediente. La controversia llegó entonces a la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó que debía intervenir el juzgado de Campana.

La decisión de la Corte significa un revés para el juez de Campana, Adrián González Charvay, quien investigaba el caso.

Los argumentos de la Corte

Para fundamentar su decisión, los jueces consideraron que la investigación excede la compra de un inmueble en Villa Rosa, valuado en 17 millones de dólares, y comprende una presunta maniobra de lavado de activos que involucra la “constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital, la administración de personas jurídicas y la adopción de decisiones comerciales vinculadas con la adquisición y utilización de diversos activos”.

En esa línea, señalaron que la mayor parte de esos elementos tiene una vinculación territorial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También remarcaron que la ubicación del inmueble no resultaba suficiente para determinar la competencia territorial, dado que la hipótesis delictiva apunta a “la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.

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Entre los elementos que justificaron la intervención de la Justicia Federal porteña, la Corte señaló que “Real Central SRL, sociedad a través de la cual se habría adquirido el inmueble, registraba su sede social en esta ciudad”. A eso sumó que el contrato de compraventa del inmueble se había celebrado en un domicilio de la Ciudad de Buenos Aires y que la propia AFA también tiene allí su sede.

De esta manera, una de las investigaciones más sensibles vinculadas con la AFA continuará su trámite en los tribunales federales porteños de Comodoro Py.

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