Demanda
Un operario denunció que trabajó en “negro” en el INTA y le reclamó a la entidad más de 17 millones por haber sido “despedido”
Un hombre de 31 años, oriundo de Santa Lucía, denunció en la Justicia Federal que realizó tareas “en negro” para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tanto en el Campo Anexo San Martín (CASAM) de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan como en la sede de la Estación Experimental en Villa Aberastain, en Pocito. Sostuvo que se desempeñó como operario de campo desde principios de 2025 hasta inicios de este año, cuando se declaró “despedido” luego de que solicitara ser incorporado en los registros oficiales como trabajador de la entidad. Al no tener respuesta a las distintas cartas documento que envió, decidió iniciar una demanda en la Justicia, en la que solicitó que se le pague poco más de 17 millones de pesos, más intereses, por las tareas realizadas “en negro”. Es que, según se desprende de la demanda, a la que pudo acceder 0264Noticias, por mes le pagaban unos 320 mil pesos cuando el sueldo que debió recibir por las tareas que realizaba rondaba el millón de pesos. El escrito fue presentado a mediados de este mes y, según se pudo confirmar, hasta el momento INTA no está notificado.
La demanda millonaria contra la entidad agropecuaria nacional, con asiento en la provincia, llega en un momento en el que las propias autoridades del INTA han denunciado públicamente que existe una reducción de personal, producto de la falta de recursos nacionales. En junio pasado, desde la institución habían indicado a 0264Noticias que la fuerte reducción de personal generaba preocupación por sus consecuencias en la asistencia técnica a productores y en el funcionamiento de áreas estratégicas del organismo. Incluso, habían dado cuenta de que sobre una planta total de 71 agentes, al menos 13 habían optado por el retiro voluntario. De ese número, 9 correspondían a profesionales, otro a un área técnica y tres a personal de apoyo. Ese escenario de baja de personal se sumaba a la disminución que el INTA ya presentaba desde mediados de 2023, al punto de que la pérdida del recurso humano ya alcanzaba el 30%.
Sobre la demanda millonaria, la misma se presentó el viernes 13. En el escrito, el trabajador denunció que ingresó al INTA el primero de abril de 2025, desempeñándose como operario de campo en el Anexo San Martín (CASAM) de la Estación Experimental Agropecuaria, ubicado en Avda. Sarmiento (Ruta Provincial N° 119) entre calles San Juan y Nacional, distrito Dos Acequias, departamento San Martín. Incluso dijo que “desde allí era trasladado periódicamente por su encargado a la sede de la Estación Experimental en Villa Aberastain, Pocito, para realizar tareas en los cuadros y ensayos de ese predio”. Además, indicó que las tareas consistían en “cosecha de aceitunas, corte, carga y acarreo de fardos de alfalfa, riego y apertura de melgas, limpieza de acequias y cunetas, desmalezado y destronque con motosierra y motoguadaña, aplicación de herbicidas, fungicidas y hormiguicidas con mochila pulverizadora, mantenimiento de los cuadros de cultivo y de los ensayos experimentales”, entre otros. También remarcó que “todos los elementos de trabajo eran provistos por el INTA: tractores, carros, motosierras, motoguadañas, mochilas pulverizadoras, agroquímicos, combustible, herramientas de mano y, en ocasiones, vehículos del organismo”.
Eso no fue lo único, ya que aclaró que “la jornada normal se cumplía de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas, con un horario de ingreso que fijaba el encargado de la cuadrilla y comunicaba el día anterior” y que “con frecuencia la jornada se extendía hasta las 14:00 o las 16:30 horas”, con un detalle no menor: “esas horas extraordinarias se abonaban por separado a razón de 2.500 pesos por hora”. Además, afirmó que recibía órdenes de un “agente del INTA que se desempeña como encargado de la cuadrilla de campo de la Estación Experimental San Juan”, quien le asignaba tareas diariamente.
Sobre el salario, indicó que percibía “una remuneración de 62.500 pesos semanales” y, a partir de mediados de 2025, “se le sumó un adicional fijo de 50.000 pesos mensuales”, además de las horas extraordinarias. De esa manera, dijo que le pagaban, en promedio, 320.833,33 pesos mensuales “sin aguinaldo, sin vacaciones pagas y muy por debajo del salario mínimo fijado por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para un peón general, que en febrero de 2026 era de 1.000.908,17 pesos”. Quien le hacía las transferencias mensuales a su cuenta bancaria era el encargado de la cuadrilla de campo, el trabajador del INTA a quien él le respondía.
Un punto no menor, según expresó en la demanda, es que, si bien recibía transferencias del “encargado”, este le aclaró que no era plata suya, sino que provenía de los fondos de un proyecto de investigación del INTA administrados, al parecer, por la Asociación Cooperadora de la Estación Experimental. También dijo que a principios del año pasado hubo un cambio en la modalidad de pago y que, desde ese momento, INTA les iba a transferir a la cuenta personal de cada uno de los trabajadores.
Así, según denunció, “nunca fue registrado: no se lo incorporó a la planta del INTA bajo ningún régimen, no se lo dio de alta en el sistema de seguridad social ni se le extendieron recibos de sueldo”. Luego de eso, se le pidió inscribirse en el Monotributo Social ante el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, lo que concretó en septiembre de 2025, esto es, “cinco meses después del ingreso, por gestión de otro integrante de la administración, y con una actividad ("cultivo de hortalizas de hoja") que nada tiene que ver con las tareas reales”.
Ante una situación irregular, reclamó por carta documento que se lo registre oficialmente y se le pague las diferencias correspondientes, y, al no tener respuesta, comunicó la retención de tareas hasta tanto se regularizara su situación”. Así, ante las respuestas negativas a su pedido, en marzo de este año se declaró despedido.
Así, con los meses trabajados y la diferencia entre la remuneración recibida y la que debía percibir, más las vacaciones no pagadas y otros beneficios, reclamó un total de 16.977.943,78 pesos “más su actualización e intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago”, por lo que el monto supera los 17 millones de pesos. Además, dijo que “se deja expresa reserva de ampliar el monto reclamado en concepto de horas extraordinarias impagas y de las actualizaciones de la escala salarial que se hubieran dispuesto con vigencia anterior a la extinción, conforme lo que resulte de la prueba a producirse”.